El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este martes 28 de octubre , con 77 votos a favor, una resolución que respalda las acciones del Gobierno Nacional contra la minería ilegal. La iniciativa, presentada por el legislador Esteban Torres Cobo busca desarticular esta actividad ilícita y sus nexos políticos. La votación ocurrió en el Palacio Legislativo de Quito, como parte de una estrategia integral de seguridad y control territorial impulsada por el presidente Daniel Noboa. Esta medida responde a la necesidad de contrarrestar un delito que genera pérdidas económicas anuales estimadas en 1.500 millones de dólares y financia redes criminales.
Antecedentes de un problema persistente
La minería ilegal representa un desafío crónico en Ecuador, con impactos ambientales, económicos y sociales documentados desde hace años. En 2024, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) identificó 387 puntos de extracción ilegal en 16 provincias, concentrados en regiones como Imbabura, Zamora Chinchipe y El Oro. Esta actividad no solo evade impuestos y regulaciones, sino que contribuye a la deforestación de miles de hectáreas y la contaminación de ríos con mercurio y otros metales pesados, según informes del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) y la Fundación Ecociencia.
Declaraciones clave y enfoque en regulación
Durante el debate, el asambleísta Andrés Castillo, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), intervino para destacar los riesgos de la minería ilegal. “La minería ilegal no es solo trabajo informal: contamina, no tributa y financia crimen organizado, narcotráfico y trata de personas. La solución es control, regulación y apoyo a la minería artesanal que cumple normas”, afirmó Castillo.
Al concluir la sesión, el legislador Esteban Torres Cobo reiteró el respaldo legislativo. “Estamos aquí en la Asamblea Nacional para respaldar al presidente Daniel Noboa en la lucha contra la minería ilegal”, declaró Torres, al recordar que este delito mueve 1.500 millones de dólares anuales, afecta la economía nacional y sustenta grupos delincuenciales.
Intervenciones a nivel nacional y proyecciones futuras
En octubre de 2025, intervenciones en Buenos Aires (Imbabura) resultaron en la detención de cinco personas , con decomiso de explosivos y armas. Estas acciones forman parte de la Política Minera 2019-2030, que promueve el control estatal y la recuperación de activos ilícitos para programas sociales, como establece el proyecto de Ley para la Recuperación de Activos de Origen Ilícito enviado por Noboa en 2024.
A nivel económico, la minería ilegal distorsiona el sector formal, que contribuye con el 1,6% del PIB. Además genera más de 20.000 empleos directos, según el Ministerio de Energía y Minas. Expertos de la Cámara de Minería del Ecuador estiman pérdidas superiores a 800 millones de dólares anuales por evasión.
