El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Otavalo canceló el tradicional desfile cívico militar programado para el 31 de octubre, fecha en que se conmemora la elevación de villa. La decisión, anunciada por el concejal José Yamberla, responde a la situación de recuperación que enfrenta la ciudad de la sierra norte tras el paro nacional de 31 días, del 22 de septiembre al 22 de octubre. En su lugar, se realizará únicamente la Sesión Solemne en el salón municipal. Esta medida busca honrar la memoria de las víctimas de la represión durante las protestas.
El paro nacional, convocado por la Conaie contra el Decreto Ejecutivo 126 que eliminó el subsidio al diésel, convirtió a Otavalo en epicentro de las movilizaciones en la provincia de Imbabura. Las protestas generaron un saldo de al menos tres fallecidos a nivel nacional, con dos en esta región: Efraín Fuérez, en Cotacachi, e Ilidio Tomalá, en Otavalo, ambos por impactos de bala presuntamente de fuerzas de seguridad. Además, se registraron 22 heridos en Imbabura, incluyendo casos de pérdidas de extremidades y visión, documentados en videos difundidos por manifestantes y verificados por Amnistía Internacional. El 14 de octubre, día clave de confrontaciones, la ciudad se vio envuelta en humo de bombas lacrimógenas, con reportes de ingresos a viviendas para detenciones, lo que dejó un clima de indignación entre la población indígena kichwa.
Secuelas del paro y demandas indígenas
La Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte (Chijallta FICI), integrada por comunidades de Otavalo, Karanki, Natabuela, Imantag y Kayambi, emitió resoluciones en su asamblea extraordinaria del 26 de octubre. La organización, reunida en su sede con presidentes de pueblos y comunidades, determinó que el acto del 31 de octubre se realice sin presencia de Policía Nacional ni Fuerzas Armadas.
“En respeto a la memoria de nuestros pueblos que fueron reprimidos con violencia desmedida, dejando heridos y asesinados en nuestra propia provincia”, indica el comunicado de la FICI, que busca desmilitarizar eventos oficiales como reparación histórica y garantía de no repetición. Esta petición al Municipio de Otavalo se enmarca en antecedentes de protestas indígenas en Ecuador, como los paros de 2019 y 2022, donde se documentaron abusos similares por parte de uniformados, según informes de la Alianza por los Derechos Humanos.
La federación mantiene su apoyo a la campaña por el “NO” en la Consulta Popular y Referéndum convocada por el Gobierno Nacional, enfocada en reformas constitucionales. Para fortalecer su estructura, se convocó un congreso para el 29 y 30 de noviembre de 2025 en la comunidad de Cachiviro, parroquia San Rafael, con una comisión de dos delegados por cada uno de los cinco pueblos para su coordinación.
