El contundente triunfo del NO en la consulta popular significó un revés político para el presidente Daniel Noboa y abrió un debate sobre las consecuencias jurídicas, penales y sociales de mantener intacta la Constitución de Montecristi. En entrevista con Manavisión Plus, el abogado constitucionalista André Santos, analiza los desaciertos del Gobierno, el papel de la Corte Constitucional, la crisis de salud pública, el diseño del sistema de justicia penal —donde “de cada 10 detenidos, 6 salen en libertad con medidas alternativas”— y los retos de gobernabilidad que deja este resultado para los próximos años.
-Con los resultados que ya todos conocemos, ¿por qué Daniel Noboa sufre un contundente revés electoral siete meses después de haber ganado cómodamente su reelección? ¿Qué cambió en este tiempo?
Yo creo que tres factores contribuyeron a este resultado electoral. En primer lugar, hubo muchos desaciertos en materia política y comunicacional por parte del Gobierno. Se fueron acumulando errores y eso terminó generando una especie de tormenta perfecta.
En segundo lugar, estuvo el tema de la falta de salud pública y la falta de gestión en temas sociales. El Gobierno se enfocó demasiado en el tema de la seguridad, y eso está bien hasta cierto punto, pero el pueblo puede ver operativos exitosos y, sin embargo, seguir extorsionado, seguir viendo masacres y secuestros, sobre todo en la Costa. La gente comienza a desensibilizarse frente a los anuncios de captura de ‘Fito’, de ‘Pipo’ o de otros líderes criminales, porque al final al que lo extorsiona es alguien de los escalones más bajos de la pirámide del crimen organizado.
Y en tercer lugar, hubo una campaña de desinformación muy fuerte. Muchísimas personas pensaban que las preguntas trataban de quitar el décimo tercero y décimo cuarto sueldo. No existió una comunicación adecuada del Gobierno al respecto. La ministra de Trabajo, de manera totalmente desubicada, se puso a hablar de la “inutilidad” del décimo tercero y décimo cuarto en plena campaña. Ese es un tema extremadamente sensible que no se puede tratar a la ligera y que terminó confundiendo a la ciudadanía.
-Esas declaraciones nacen de funcionarios del mismo Gobierno que le terminaron jugando en contra. ¿Hasta qué punto esa comunicación oficial fue aprovechada por otros actores para confundir al electorado?
Sin duda fue aprovechada por otros operadores políticos. A partir de esos errores, se generó una narrativa para confundir aún más a la ciudadanía. Muchos ciudadanos ni siquiera sabían qué se iba a preguntar exactamente. Para buena parte del electorado, esto terminó siendo un concurso de popularidad: si estabas de acuerdo o no con el Gobierno.
Y eso es grave, porque lo que estaba en juego era un tema de Estado, no de Gobierno. Este Gobierno, al fin y al cabo, se va en tres años, pero nosotros nos quedamos con la misma Constitución y con el mismo marco jurídico. La situación de fondo no cambia.
-Usted ha mencionado su preocupación por las reformas penales que no se aprobaron. ¿Qué era lo que se pretendía lograr con la prisión preventiva y qué obstáculos deja ahora el resultado de la consulta?
Si analizamos el asunto en serio, lo que se necesitaba era una reforma a la prisión preventiva para que dejara de ser algo discrecional, de libre aplicación para los jueces, y se convirtiera en una medida obligatoria en ciertos casos de alta peligrosidad. Ese era el avance que teníamos que conquistar.
Pero con este resultado y con el impedimento de realizar el cambio constitucional en el artículo 77 de la Constitución, numerales 1 y 11, ahora lo veo muy difícil. El Gobierno todavía tiene la opción de arriesgarse con una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero el riesgo es claro: la Corte Constitucional podría tumbar esa reforma por considerarla inconstitucional.
La Corte ya dijo, en un dictamen de este año, que la prisión preventiva no puede ser obligatoria en ninguna circunstancia, ni siquiera en casos de terrorismo y crimen organizado, porque interpretó de esa forma el artículo 77. Si se plantea una reforma para que la prisión preventiva sea obligatoria en perfiles de alta peligrosidad —personas con tres o cuatro detenciones previas por delitos sangrientos, robos, sicariatos, secuestros, etc.— la Corte podría decir que esa norma no es constitucional y expulsarla del ordenamiento jurídico.
Aun así, yo creo que es lo que le toca al Gobierno: arriesgarse y ver si la Corte está dispuesta a darle otra interpretación a este artículo, como ocurre en cualquier país normal y civilizado, donde incluso nuestros vecinos tienen disposiciones más firmes en este tema.
-¿Qué opciones le quedan al Gobierno, además de esas reformas penales, para enfrentar la inseguridad y la crisis actual?
En la Asamblea Nacional se pueden iniciar reformas penales porque el sistema de justicia penal tiene que mejorar sí o sí. Hoy, según la última estadística del ministro del Interior, de cada 10 detenidos, 6 son liberados con medidas alternativas. Eso es un dato demoledor, porque muestra que el sistema no está respondiendo frente al crimen organizado ni frente a la delincuencia violenta.
Sin embargo, hay algo que el Gobierno puede hacer ya, sin necesidad de cambios legales: mejorar el sistema de gestión de salud. Si no se mejora la gestión de la salud, los ecuatorianos no solo van a ver bajar la popularidad del Gobierno; vamos a fracasar como Estado. El sistema de salud está obsoleto, no hay verdadera atención pública, no hay medicamentos suficientes, no hay respuesta oportuna. Para eso se necesita dinero y una reorganización de las finanzas públicas, destinando una mayor cantidad de recursos al sistema de salud. No es aceptable que la gente esté desprotegida en algo tan básico.
-Además de la seguridad y la salud, otra crisis que enfrenta el país es la de la corrupción. ¿Cómo se la debería encarar de aquí en adelante?
Hay corrupción en la contratación pública, pero donde más nos afecta de forma directa es en el sistema de justicia. Los jueces corruptos son quienes terminan liberando a delincuentes peligrosos, y esos delincuentes vuelven a tomar retaliación contra las víctimas que los denunciaron, siguen extorsionando y delinquiendo.
La única salida real es reformar dos cuerpos normativos: el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de la Función Judicial. Se necesitan nuevas causales de destitución y sanción a los jueces, causales que en su momento estuvieron en la Ley de Integridad Pública, pero esa ley fue aprobada sin respetar el debido proceso y las formalidades, y por eso la Corte Constitucional la tumbó con facilidad.
Ahora el Gobierno tiene que aprobar leyes pasando por debate parlamentario, respetando el debido proceso y todas las formalidades. Una vez aprobadas, ejecutarlas de inmediato. Si, aun cumpliendo con todo eso, la Corte vuelve a tumbar esas normas por objeciones de fondo, quedaría en evidencia que con la Constitución de Montecristi no se pueden hacer reformas para castigar jueces corruptos ni aplicar prisión preventiva obligatoria. Eso desmentiría la narrativa de que “no se necesitaba una nueva Constitución”.
-La pregunta que se refería a la reducción del número de asambleístas fue una de las que más respaldo tuvo. ¿Qué análisis le merece ese resultado?
La reducción del número de asambleístas era algo positivo, porque el sistema de listas plurinominales que tenemos no representa realmente a las personas. Si le preguntamos a la mayoría de ecuatorianos por los últimos 19 asambleístas a los que les dieron el voto —los 15 nacionales y los provinciales o distritales—, casi nadie los recuerda.
El sistema está diseñado para que el ciudadano no sepa por qué ser humano está votando, sino que vote por un partido, y más aún por el efecto de arrastre del candidato presidencial. Muchos asambleístas entran así, sin verdadera representación territorial.
Para cambiar esto no se requiere una reforma constitucional. Lo que se necesita es una reforma al Código de la Democracia para avanzar hacia el distrito uninominal, donde cada 100.000 o 150.000 personas elijan a un representante directo de su territorio. Ya no habría listas de partidos, sino representantes locales, más cercanos a la ciudadanía. Eso es innovación democrática y existe en países del primer mundo.
-La diferencia en esa pregunta no fue tan amplia. ¿Podría inspirar un nuevo intento de reforma legislativa sin tocar la Constitución?
Sí, pero sin reducir el número total de asambleístas. Se mantiene el principio constitucional de un asambleísta por cada 200.000 personas y la fracción de 150.000, pero se reorganizan los distritos, ya sin listas de partidos, sino con un representante único por distrito. Eso sí se puede hacer sin reforma constitucional. Lo que hoy ya es imposible es disminuir el número total de asambleístas porque eso sí requiere cambiar la Constitución.
-A su criterio, ¿qué consecuencias inmediatas pueden traer los resultados para la gobernabilidad y para la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional?
De aquí vamos a las elecciones seccionales. En julio y agosto del próximo año se inscriben candidaturas para prefectos y alcaldes, y las elecciones serían en febrero de 2027. Esto puede influir en bloques como Pachakutik, que tiene alrededor de 7 a 9 asambleístas y es bastante flexible.
Hay riesgo de que algunos sectores adopten el triunfo del NO como un trofeo político para ejercer una oposición permanente a las iniciativas del Gobierno. También se evidencia una falla fuerte en la gestión política del Ejecutivo; quienes debían hacer ese trabajo —Ministerio de Gobierno, otros ministerios clave— han fracasado estrepitosamente. El presidente tiene que pedir la renuncia de esos responsables de inmediato.
-Sobre la pregunta A, que hablaba de las bases militares: con su rechazo, ¿se cierran definitivamente las puertas a tratados bilaterales de seguridad con potencias extranjeras?
No necesariamente. Todavía se pueden firmar tratados de cooperación. De hecho, el expresidente Guillermo Lasso firmó un acuerdo de seguridad. Lo que no se podría es instalar bases militares extranjeras como tal.
Lo que sí se puede hacer es llegar a entendimientos para que, mediante cooperación internacional, ingresen efectivos y tecnología en materia de inteligencia, bajo protocolos de transferencia tecnológica y de información. Eso ayudaría mucho a combatir el crimen organizado, sin necesidad de una reforma constitucional ni de bases formales. Lo que más nos falta hoy es tecnología e información de inteligencia.
-Uno de los grupos políticos que celebró el ‘No’ fue Revolución Ciudadana. Luisa González lo reivindicó como un logro. ¿Esto fortalece a ese movimiento o a otros que se han endosado la victoria del No?
Yo no creería que la Revolución Ciudadana pueda capitalizar por completo este resultado. Hubo sectores incluso de derecha que votaron por el NO solo por ser opositores al Gobierno. Además, recordemos que la misma Revolución Ciudadana venía hablando de la necesidad de una Asamblea Constituyente y de reformar la Constitución.
También hay un dato que la ciudadanía debe saber: en barrios tomados por el crimen organizado, como el cerro Las Cabras en Durán, también se celebró el triunfo del ‘NO’. En ciertos sectores de Guayaquil hubo pirotecnia, festejos, y son barrios claramente afectados por la delincuencia.
No olvidemos que el Paro Nacional fue financiado en parte con dinero de la minería ilegal, manejada por organizaciones criminales. Ellos sí han triunfado con este resultado, porque no les conviene la abolición de esta Constitución. Si quisiéramos hacer en Ecuador un escenario como el de Nayib Bukele, con la Constitución de Montecristi es imposible. Por eso ciertos grupos criminales celebran: conocen las normas que les favorecen para obtener su libertad y seguir en las calles.
-Usted al principio habló de desaciertos de ministros y de torpezas en plena campaña. ¿Urge un cambio de gabinete y desde dónde deben empezar esos cambios?
Eso tiene que ser de inmediato. El presidente tiene que juzgar a quienes no han estado a la altura del momento que vive el país. Sobre todo en la coordinación política: Ministerio de Gobierno, MIES, y otras carteras clave.
Una semana y media antes de la consulta, la ministra de Educación publicó un protocolo de ideología de género e infancia transexual para aplicarlo en escuelas públicas y privadas. Eso generó rechazo hasta de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Además de ser algo altamente cuestionable en términos legales, fue una torpeza política enorme hacerlo a pocos días de una consulta popular. Parecía que se estaban boicoteando a sí mismos.
Para mí, este cúmulo de desaciertos les costó la elección. El presidente tiene que renovar su gabinete, y quienes cometieron errores garrafales no pueden seguir en el Gobierno.
-¿Debe el Gobierno tomar estos resultados solo como un revés político o también como una oportunidad para hacer ajustes?
Debe verlo como una oportunidad para corregir. Tiene que hacer ajustes profundos en derechos sociales, principalmente en salud, pero también en seguridad, educación y otros servicios que están muy descuidados.
El país se está desangrando: por un lado nos matan y por otro lado no tenemos dónde atendernos. La situación es grave y el Gobierno debe tomar correctivos urgentes si quiere recuperar algo de legitimidad y conexión con la ciudadanía.
-Considerando los resultados, ¿la gente votó por el contenido de las preguntas o en función de su aprobación o rechazo a la gestión del presidente?
En general, la gente votó de manera emocional, no racional. Necesitamos ayuda de tantos países para luchar contra el narcoterrorismo y, aun así, perdió la pregunta sobre cooperación militar extranjera. Es la segunda vez que pasa algo similar.
-Incluso en provincias con altos índices de criminalidad, como Esmeraldas, Manabí y Los Ríos, ganó el ‘NO’…
La lógica de las masas no siempre es racional; el mayor perjudicado aquí no es el Gobierno, es el pueblo. Muchos votantes quisieron castigar al Gobierno, y eso se entiende, pero estas preguntas eran un tema de Estado, no de gestión coyuntural. Por llevarle la contra al adversario político, terminamos haciéndonos daño como país.
-¿Qué lectura hace de los resultados obtenidos en el exterior, donde el respaldo al Sí fue mayor?
Quizás quienes votan en el exterior no están tan permeados por la realidad diaria del país: falta de oportunidades, precariedad de la atención médica, inseguridad cotidiana. Eso influye en la manera en que valoran los cambios propuestos. Es un electorado que vive otra realidad y tal vez ve con más claridad la necesidad de ciertas reformas estructurales.
-¿Y qué lectura se puede hacer en Manabí, donde el No gana de manera contundente? ¿Era un resultado previsible?
Sí, la provincia de Manabí ha tenido una tendencia clara. Hay todavía voceros fuertes del correísmo y no se ha levantado otro liderazgo que dispute ese espacio. Hace falta un nuevo liderazgo en Manabí que ofrezca otra visión, otras perspectivas políticas. Mientras eso no ocurra, los patrones de voto seguirán siendo muy similares.
-Pensando en el desarrollo del país y en beneficio de la mayoría, ¿qué se puede sacar en limpio de estos resultados?
Al Gobierno le quedan básicamente tres líneas de acción:
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Intentar reformas penales en la Asamblea, sabiendo que la Corte Constitucional puede tumbarlas, pero asumiendo ese riesgo porque mejorar la seguridad es indispensable.
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Reorganizar sus finanzas públicas para invertir lo necesario en salud. El déficit en salud bordea los mil millones de dólares. Hay proveedores, hospitales y clínicas privadas que brindan servicios al Estado y no reciben pagos; así se está quebrando todo el sistema.
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Mejorar la gestión social y la relación con barrios, academia y sectores comunitarios. Unificar barrios, fortalecer comité de seguridad barrial, y dejar de subestimar al círculo rojo —universidades, periodistas, abogados, académicos— que son formadores de opinión pública. Cuando ese círculo está descontento, la repercusión es enorme.
