El presidente Daniel Noboa busca poner fin al paro indígena que comenzó el 22 de septiembre en varias provincias, especialmente en Imbabura, donde la fuerza pública despeja la carretera E-35; la Conaie rechaza la medida y pide derogar el Decreto Ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel.
Afectaciones en varias provincias
Desde la madrugada de este martes, efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional desplegaron un operativo en la Sierra norte para desbloquear la E-35. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, aseguró que el paro debe terminar hoy 14 de octubre de 2025 o, a más tardar, mañana miércoles 15 de octubre.
En total, el paro de 23 días ha afectado la movilidad y la economía en provincias de la Sierra centro y Amazonía. Los manifestantes protestan contra el incremento del precio del diésel a $2,80, tras la eliminación del subsidio dispuesta por Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 126 del 12 de septiembre.
La Conaie convocó a un paro nacional y movilizó a sus organizaciones de base para exigir la derogación del decreto y la atención de otras demandas. Durante las protestas, se registraron bloqueos de vías y concentraciones en varias localidades, especialmente en Otavalo, Imbabura.
Obstáculos en el diálogo
La ministra Rovira detalló que los intentos de diálogo con los dirigentes indígenas no lograron avances. “Desde que nos sentamos a conversar, lo que recibimos son recriminaciones históricas y nuevas demandas, como la reducción del IVA”, señaló.
El Gobierno reiteró que derogar el Decreto 126 no está sobre la mesa, pero mantiene la disposición a dialogar sobre otras necesidades comunitarias. A pesar de ello, la postura de la Conaie permanece firme y las movilizaciones continúan.
Intervención y críticas
En Imbabura, hasta el cierre de esta publicación, el Bloque de Seguridad concentraba sus esfuerzos para despejar la carretera. La Conaie, en un comunicado difundido este martes, denunció que un convoy humanitario enviado por el Gobierno fue en realidad una operación militar.
“El convoy, lejos de ser humanitario, fue una operación de guerra contra el pueblo, planificada desde el poder. Esta estrategia busca criminalizar la resistencia indígena y deslegitimar las demandas del paro nacional”, advirtió la organización en sus redes sociales.
Impacto y contexto
Analistas señalan que la continuidad del paro afecta la logística de transporte y encarece bienes de primera necesidad. Además, la tensión política entre Gobierno y organizaciones indígenas genera incertidumbre sobre soluciones inmediatas.
El Ejecutivo enfatiza que la prioridad es restablecer la circulación en la Sierra norte y garantizar la seguridad ciudadana. Mientras tanto, la Conaie mantiene su presión social, evidenciando que el conflicto no solo responde a un tema económico, sino también a reclamos históricos de representación y participación en decisiones gubernamentales.
