Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), anunció este lunes 13 de octubre movilizaciones pacíficas en Quito y Guayaquil como parte del Paro Nacional 2025, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y proyectos extractivos. Las concentraciones iniciarán este mismo día a las 15h00 en la Plaza Indoamérica, frente a la Universidad Central en Quito, y a las 16h00 en el Parque Centenario en Guayaquil. El 15 de octubre se prevé una jornada nacional con organizaciones sociales, sindicales y el movimiento indígena, centrada en Quito.
Quishpe enfatizó en rueda de prensa que estas acciones buscan defender derechos laborales y económicos afectados por decisiones gubernamentales. ” Hoy, lunes 13 de octubre, nos movilizaremos en una jornada pacífica de vida y resistencia”, declaró el líder sindical. Además, reiteró: “Porque defender nuestros derechos no es terrorismo, es resistencia”.
Antecedentes del Paro Nacional 2025
El Paro Nacional 2025 surgió el 22 de septiembre en varias ciudades ecuatorianas, impulsado inicialmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y sectores como transportistas y agricultores. Hasta la fecha, ha generado bloqueos de vías en provincias como Imbabura, Pichincha y Azuay, con al menos una muerte reportada según datos oficiales del Ministerio del Interior. Las manifestaciones también cuestionan la aprobación del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha, que amenaza reservas hídricas en Cuenca.
Impacto y continuidad de las protestas
El paro ha afectado el abastecimiento en la Sierra norte, con cierres intermitentes en carreteras como la Tabacundo-Cayambe. Manifestantes argumentan que el alza al diésel encarece la canasta básica familiar y el transporte agrícola, agravando la exclusión histórica de comunidades indígenas y campesinas.
El 12 de octubre, víspera de las acciones anunciadas, se registraron marchas en Quito, dispersadas con gas lacrimógeno en la capital por unos 7.000 efectivos de Policía y Fuerzas Armadas.
Demandas unificadas por parte de organizaciones
Las demandas centrales al gobierno de Daniel Noboa para levantar las movilizaciones incluyen la derogatoria inmediata del Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel y elevó su precio de $1,80 a $2,80 dólares por galón, agravando la crisis económica para el transporte y la producción campesina.
Además, exigen la reducción del IVA del 15% al 12%,, el freno absoluto a la expansión extractivista mediante la revocatoria de licencias ambientales para proyectos mineros en áreas sensibles como Quimsacocha, Palo Quemado y Las Naves y la suspensión de la ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía.
Otras peticiones claves abarcan un presupuesto real y mayor para salud y educación pública.
