El Gobierno Nacional de Ecuador (quién) anunció la eliminación de la Tasa de Recolección de Basura (TRB) de las planillas de energía eléctrica (qué) a partir del mes de octubre (cuándo). Esta medida se reflejará directamente en las facturas de noviembre en 41 cantones del país (dónde). La decisión busca dar cumplimiento a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE). Dicha ley prohíbe explícitamente vincular este rubro con las tarifas o el consumo eléctrico. Busca garantizar la transparencia en el cobro a los usuarios (por qué). Esta disposición ha generado “inquietud” en las administraciones municipales. Ahora deberán buscar mecanismos alternativos de recaudación para la sostenibilidad del aseo urbano.
La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE) establece que los cargos por servicios no relacionados directamente con la provisión de energía no pueden ser incluidos en la facturación eléctrica. Según el comunicado oficial, la desvinculación de la TRB busca asegurar que los ciudadanos paguen exclusivamente por el consumo real de electricidad. Así se eliminan cargos adicionales ajenos al servicio energético. Esta disposición afecta a 41 municipios del país, que históricamente han dependido de las empresas eléctricas para la gestión eficiente de este cobro. La medida impacta directamente en la liquidez y la capacidad operativa de las empresas municipales encargadas del aseo.
La normativa ha desencadenado una reacción inmediata por parte de varios municipios, quienes temen el colapso del sistema de recaudación. Esto es preocupante, ya que la planilla eléctrica se consideraba el medio más efectivo y con mayor tasa de cumplimiento. Sin este mecanismo, la efectividad del cobro podría disminuir drásticamente. Esto pone en riesgo la calidad del servicio de recolección de desechos sólidos que se ofrece a la población en estas jurisdicciones.
Rechazo y acción legal del municipio de Cuenca
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, ha sido una de las voces más críticas en contra de la disposición gubernamental. Zamora cuestionó la legalidad del anuncio e inmediatamente remitió una solicitud formal a la Empresa Eléctrica Centrosur para firmar la renovación del convenio de cobro de la tasa. El objetivo de la solicitud es garantizar la continuidad del mecanismo de recaudación. Según el alcalde, este es fundamental para mantener la ciudad “limpia y salubre”.
El convenio vigente que el Municipio de Cuenca mantiene con Centrosur para la recaudación de la tasa tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Por esta razón, la misiva enviada a la empresa eléctrica solicita la designación de un funcionario. Esto se hace para elaborar el nuevo acuerdo en los “mismos términos y condiciones del vigente”. El alcalde argumentó que “ninguna condición en ningún orden ha cambiado” y que no existe razón alguna para no renovar dicho acuerdo. Advirtió sobre las “gravísimas consecuencias” para la salud pública si la recaudación se interrumpe.
Las autoridades de Cuenca explicaron que se han realizado consultorías que respaldan la necesidad de mantener la recaudación mediante la planilla eléctrica, debido a su eficiencia comprobada. Sin embargo, el alcalde Zamora reconoció que la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC) deberá trabajar en el desarrollo de una plataforma de gestión propia. Esta plataforma permitirá administrar y cobrar directamente el servicio de recolección de desechos en el futuro, aunque la transición no puede ser abrupta.
Riesgo en la gestión de residuos en Esmeraldas
Otro municipio que ha manifestado su preocupación es el de Esmeraldas. Álex Benalcázar, director municipal de Higiene de la ciudad, alertó que la disposición “compromete la gestión de residuos sólidos”. Esto podría promover la “generación de botaderos y vertederos a cielo abierto” en aquellos cantones. Su prestación del servicio de aseo depende casi exclusivamente de la tasa cobrada en la planilla eléctrica.
La situación en Esmeraldas es sensible, ya que el Municipio transporta un promedio diario de 40 toneladas de desechos sólidos desde la capital y ocho parroquias rurales. La capacidad operativa de esta gestión integral de residuos se vería directamente afectada por la pérdida de un sistema de cobro centralizado. En este contexto, el alcalde Vicko Villacís ha estado avanzando en planes de largo plazo para la gestión de residuos. Recientemente, entregó al Ministerio del Ambiente los estudios de factibilidad y diseño para la construcción de un nuevo botadero a unos 1.500 metros de la ciudad. El objetivo es clausurar el actual basurero, que ha funcionado a cielo abierto por 35 años dentro del área urbana de Esmeraldas.
La desvinculación de la TRB de la facturación eléctrica obliga a los 41 municipios afectados a una reestructuración financiera urgente para garantizar la continuidad del servicio ambiental. La implementación de esta medida gubernamental pone a prueba la capacidad de los gobiernos locales para diseñar nuevos mecanismos de cobro que mantengan la eficiencia de recaudación y aseguren la sostenibilidad del aseo urbano en todo Ecuador.
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