La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó con 88 votos a favor, 58 en contra y dos abstenciones, reformas a la Ley de Movilidad Humana que establecen la deportación exprés de extranjeros considerados una amenaza para la seguridad del país. La normativa, que refuerza los controles migratorios, permite expulsar a personas en un plazo de 24 horas y les prohíbe el reingreso al país por 40 años. El texto aguarda ahora la sanción o veto del presidente Daniel Noboa, quien tiene 30 días para decidir.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Lucía Jaramillo, destacó la importancia de la medida para combatir la delincuencia: “Se acabaron las puertas abiertas a quienes vienen a delinquir”. La reforma incluye requisitos más estrictos para el ingreso de extranjeros, como la presentación de antecedentes penales para quienes necesiten visa y un billete de retorno para todos los visitantes. Además, se creó un visado de tránsito para evitar que Ecuador sea usado como paso irregular hacia otros destinos.
Nuevos requisitos migratorios
Las reformas aprobadas exigen que los extranjeros que ingresen al país, ya sea con o sin visa, cumplan con las leyes ecuatorianas. En caso contrario, enfrentarán una expulsión inmediata. Estas medidas buscan fortalecer la seguridad nacional y reducir el flujo migratorio irregular. La normativa también responde a un contexto de creciente preocupación por la delincuencia transnacional, que ha llevado a varios países de la región a endurecer sus políticas migratorias.
En el debate legislativo, las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC) y Revolución Ciudadana expresaron reparos sobre la forma en que se incluyeron algunos artículos. Según el PSC, ciertos puntos de la reforma chocan con un fallo previo del Tribunal Constitucional, que había descartado disposiciones similares en las leyes de Integridad Pública y Solidaridad Nacional. Aunque el PSC no se opone a las medidas, criticó el procedimiento legislativo utilizado.
Aprobación de reformas
En los últimos años, Ecuador ha enfrentado un incremento en delitos relacionados con el crimen organizado, lo que ha motivado medidas más estrictas en materia migratoria. La deportación exprés y la prohibición de reingreso por 40 años buscan disuadir a quienes utilicen el país como base para actividades ilícitas.
Por su parte, la oposición ha señalado que, aunque las medidas podrían ser efectivas, es crucial garantizar que no se vulneren derechos fundamentales en su aplicación. La decisión final del Ejecutivo será clave para determinar si la normativa entra en vigor tal como fue aprobada o si requiere ajustes.
