Pueblos kichwas de la provincia de Imbabura instaron al Gobierno de Daniel Noboa a retomar de inmediato el diálogo con el movimiento indígena, en respuesta al anuncio oficial de que “no hay condiciones para el diálogo” debido a bloqueos viales persistentes y supuestas imposiciones. Este pronunciamiento se emitió la noche del domingo 19 de octubre, cuando el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se acerca a sus 30 días de duración.
El comunicado de las organizaciones Chijallta Fici, Unorcac y Ficapi, que articulan a las comunidades indígenas de la zona, se difundió pasadas las 23:00 del domingo 19 de octubre. En él, los líderes ratifican la continuidad de las movilizaciones pacíficas, pero enfatizan la necesidad de mesas de conversación para abordar demandas pendientes. Entre las condiciones indispensables para avanzar en el diálogo, destacan el retiro de las fuerzas militares de las comunidades territoriales.
Antecedentes del conflicto indígena en Ecuador
El paro nacional de 2025 representa la tercera gran movilización indígena en menos de una década, impulsada por la Conaie, organización que agrupa 15 nacionalidades indígenas. En 2019, bajo el gobierno de Lenín Moreno, las protestas contra el alza de combustibles duraron 11 días y culminaron con la derogatoria de la medida económica.
Dos años después, en 2022, el paro de 18 días contra políticas similares de Guillermo Lasso obligó a revertir el Decreto 83, que eliminaba subsidios. En ambos casos, el diálogo directo con el Ejecutivo resolvió el impasse, aunque dejó un saldo de heridos y detenidos.
En contraste, el actual paro inició el 22 de septiembre como una acción focalizada en la Sierra Norte, particularmente Imbabura, donde se reportan al menos 13 vías cerradas al lunes 20 de octubre, incluyendo la E35 (Panamericana Norte) en sectores como Chaltura y La Esperanza.
Impacto y vías afectadas por el paro
Hasta este 20 de octubre, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas confirma cierres en rutas clave: la vía Cayambe-Otavalo permanece bloqueada en su tramo norte, mientras que en Ibarra se ha restringido el paso en la E28 hacia el sector de San Rafael.
Los cierres han generado escasez de alimentos y medicinas en comunidades locales, con un convoy humanitario de 1.000 efectivos militares y policiales desplegado el 13 de octubre para reducir la crisis. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reporta tres fallecidos en protestas —incluyendo a Efraín Fuérez, en Cotacachi, el 28 de septiembre, por impacto de proyectil—, 282 heridos, 172 detenidos y 15 desaparecidos temporales.
Mientras tanto, el Gobierno emitió un comunicado el domingo 19, afirmando que “no continuará con el diálogo con las organizaciones indígenas de Imbabura ante las pretensiones de imposiciones establecidas por ciertos sectores de organismos y movimientos indígenas”.
Esta postura contrasta con el acuerdo alcanzado el 15 de octubre en Otavalo, tras cuatro horas de mesa con dirigentes locales y el ministro del Interior, John Reimberg. Aquel pacto incluyó la liberación de detenidos y mesas técnicas sobre salud, educación y vialidad, pero fue rechazado por la Conaie nacional, que lo calificó de “local e insuficiente”.
