En un espacio de entrevista de Manavisión Plus, el abogado constitucionalista Salim Zaidán, analizó la coyuntura política nacional de Ecuador marcada por las protestas, el derecho a la resistencia y el debate sobre la propuesta de una Asamblea Constituyente.
–Doctor Zaidán, desde su experiencia como abogado constitucionalista, ¿cómo analiza la situación actual del país, especialmente con los movimientos sociales e indígenas que evocan el derecho a la resistencia?
La Constitución, en su artículo 98, reconoce el derecho a la resistencia, aunque de forma ambigua. No se define su alcance, lo que genera confusión. Creo que este es un tema que debería revisarse en una futura Asamblea Constituyente. Pese a ello, la ciudadanía sí tiene derecho a protestar pacíficamente, amparada por normas internacionales, pero sin violencia ni bloqueos que afecten los servicios públicos. Cuando se cruza esa línea, ya se incurre en delitos.
Creo que sería uno de los cambios en caso de una nueva Asamblea Constituyente, que se revise el derecho a la resistencia (…) y eso no quiere decir que no puedan protestar. La gente, en ejercicio de la libertad de expresión, lo puede hacer. El derecho a la protesta social ha sido reconocido en organismos internacionales como Naciones Unidas y la OEA. Así que, esté o no esté reconocido el derecho a la resistencia, tenemos derecho a protestar pacíficamente, sin paralizar servicios públicos ni actuar con violencia, porque uno puede incurrir en delitos.
–Entonces, ¿en el actual contexto se ha sobrepasado ese derecho a la resistencia?
Hay excesos de lado y lado, tanto de la fuerza pública —policías y militares— como de los manifestantes. Es necesario que la policía siga estrictamente los protocolos del uso proporcional y progresivo de la fuerza.
Por otro lado, los manifestantes expresan su malestar con las medidas del gobierno, como la eliminación del subsidio a los combustibles, pero deben hacerlo de manera pacífica. Veo excesos de ambos lados, y por eso creo que el esfuerzo mayor debe ser mantener la objetividad, sin tomar partido.
–Uno de los puntos más polémicos ha sido el ingreso de convoyes militares a zonas donde las comunidades indígenas hablan de “invasión” a sus territorios. ¿Qué dice la Constitución sobre esto?
Hay errores en ambas partes. En el caso del convoy humanitario, la Cruz Roja Ecuatoriana remitió una carta al Ministerio de Defensa advirtiendo sobre el principio de neutralidad operacional. La ayuda humanitaria se usa solo para asistencia alimentaria, no con fines militares o de seguridad.
La dirigencia indígena también usa mal el discurso de los derechos de las comunidades, haciendo creer que el territorio ecuatoriano se divide, y eso es incorrecto. El territorio ecuatoriano es indivisible y la fuerza pública puede operar en todo el país.
–Doctor, el país ya acumula más de 20 días de paralizaciones. ¿Cree usted que esta situación podría resolverse pronto?
Difícilmente se resolverá pronto. Las posiciones inflexibles de ambas partes hacen prever su continuidad. Cuando haya concesiones mutuas, podría haber diálogo. La ministra de Gobierno, Saida Rovira, parece olvidar su rol anterior cuando trabajaba en la Defensoría del Pueblo (…) No debemos estigmatizar. Dentro de los manifestantes hay ciudadanos legítimos que protestan.
No creo conveniente pedir la salida anticipada del gobierno. Si la ciudadanía lo desea, puede activar la revocatoria del mandato, pero no mediante maniobras políticas.
Sobre los subsidios, creo que era necesario eliminarlos, aunque se pudo aplicar una focalización, como se acordó en 2022.
–A 31 días de la consulta popular y referéndum, una de las preguntas centrales es si el Ecuador necesita una nueva Asamblea Constituyente. ¿Cuál es su criterio?
No. Se ha hecho creer que una nueva Constitución solucionará los problemas del país, y eso no es correcto. Esta Constitución tiene falencias en la organización del poder, pero en derechos y garantías ha avanzado.
Si se plantea cambiarla, los actores políticos deben presentar propuestas claras. Hasta ahora no las hay. Se sigue utilizando el discurso de “sustituir la Constitución correísta”, lo que podría llevar a repetir errores del pasado, con Constituciones ideológicas que incomodan a futuros gobiernos.
–En ese sentido, ¿cómo evalúa el momento político actual y los efectos que podría tener en el gobierno de Daniel Noboa?
Es el peor momento para impulsar una constituyente. Un cambio de Constitución implica reformar leyes, códigos y estructuras institucionales, lo que genera incertidumbre jurídica y desconfianza internacional.
El país necesita menos confrontación y más diálogo. El Ecuador está profundamente dividido, y una Asamblea Constituyente podría aumentar la polarización política.
–Usted ha mencionado la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad. ¿Qué aspectos considera urgentes?
Se requiere profesionalizar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Las operaciones se concentran en la Sierra Norte, mientras se descuidan las fronteras donde ocurre el contrabando.
En una eventual constituyente, deberían participar expertos en seguridad y derecho humanitario, para garantizar estrategias efectivas y con enfoque técnico.
–Finalmente, ¿cómo evalúa la actuación del Gobierno respecto a las leyes económicas urgentes que han recibido múltiples demandas de inconstitucionalidad?
Ha sido una pésima estrategia. La urgencia económica solo está prevista para equilibrar finanzas públicas, no para mezclar reformas penales o de movilidad con compras públicas.
Han cometido errores al no respetar la unidad de materia y la urgencia económica. En lugar de asumirlos, culpan a la Corte Constitucional. Deben rectificar y asesorarse mejor para evitar que sus leyes sean declaradas inconstitucionales.
La entrevista completa puede ser visualizada en las plataformas digitales de Manavisión Plus.
