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El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) se posesionó este martes 14 de octubre de 2025 en Quito. Con este acto, el Ministerio del Trabajo, junto a representantes de empleadores y trabajadores, inició el proceso para definir el Salario Básico Unificado (SBU) 2026, una decisión clave que regirá desde el 1 de enero de 2026.

Presentación de la hoja de ruta

Durante la ceremonia, encabezada por la ministra del Trabajo Ivonne Núñez, se presentó la hoja de ruta que guiará las conversaciones técnicas y sociales para determinar el nuevo monto del salario básico unificado.
El CNTS está integrado por delegados del sector empleador, del sector trabajador y del Ministerio del Trabajo. Este organismo actúa como un espacio de diálogo tripartito donde se analizan indicadores económicos, inflación y productividad antes de llegar a un acuerdo final.

La posesión de los nuevos miembros del Consejo, correspondiente al periodo 2025-2027, se desarrolló en el edificio del Ministerio del Trabajo, ubicado en la avenida República de El Salvador y Suiza, al norte de Quito. El acto oficializó el inicio de una de las discusiones laborales más importantes del año.

Diálogo para definir el salario básico

En las próximas semanas, el CNTS desarrollará mesas técnicas para revisar los datos del mercado laboral, el costo de la canasta básica y la capacidad de pago de las empresas. Según la Cartera de Estado, el objetivo es alcanzar un consenso nacional entre las partes involucradas.
El actual salario básico en Ecuador es de 470 dólares mensuales, vigente desde enero de 2024. Este valor constituye la retribución mínima que un trabajador debe recibir por sus labores, sin incluir comisiones, horas extras o fondos de reserva.

Si el diálogo no concluye con un acuerdo, el Ministerio del Trabajo tiene la potestad de fijar el monto del nuevo SBU mediante acuerdo ministerial, conforme a lo establecido en el Código del Trabajo.

Una decisión con impacto nacional

El salario básico 2026 marcará la pauta para miles de contratos laborales y servirá como referencia en el cálculo de beneficios, aportes y obligaciones empresariales. Su actualización anual busca equilibrar las necesidades de los trabajadores con la sostenibilidad de los empleadores.

De acuerdo con el Ministerio, el proceso incluirá consultas técnicas, proyecciones económicas y revisiones de inflación. El diálogo entre empleadores y trabajadores será determinante para definir un monto que refleje la realidad económica del país.

La ministra Ivonne Núñez resaltó que la prioridad del Gobierno es garantizar condiciones laborales justas, sin afectar la competitividad. “El diálogo es la vía para lograr equilibrio entre productividad y bienestar”, señaló.

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