El Gobierno de Ecuador desplegará este lunes 13 de octubre una operación de seguridad para la apertura total de vías en la provincia de Imbabura, epicentro de las manifestaciones contra la eliminación del subsidio al diésel. El ministro del Interior, John Reimberg, anunció la medida en una entrevista televisiva, un día después de enfrentamientos entre manifestantes y uniformados durante una marcha en Quito. La acción responde a los bloqueos que han interrumpido el transporte de productos esenciales durante 22 días del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
La operación, que se extenderá por varios días, involucra a la fuerza pública para garantizar el restablecimiento de la movilidad en carreteras clave. Reimberg enfatizó la necesidad de intervenir ante la magnitud de los cierres, que han afectado el abastecimiento nacional.
Convoy humanitario parte desde Quito
Desde Quito, partió un convoy integrado por al menos 100 vehículos de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y autoridades locales, cargados con víveres y suministros humanitarios. El objetivo principal es asistir a comunidades aisladas por los bloqueos y facilitar el paso de camiones con alimentos y bienes básicos. Según Reimberg, esta movilización busca mitigar el impacto en el sector agropecuario, que ha reportado pérdidas superiores a los 20 millones de dólares en Imbabura, Pichincha y Cotopaxi, según datos del Ministerio de Agricultura.
El ministro detalló que el despliegue incluye el bloque de seguridad nacional y se coordinará con entidades locales para evitar escaladas de tensión. “Es una operación que va a tomar algunos días porque sabemos la magnitud de lo que sucede allá, vamos a usar la fuerza pública para hacer una apertura total de vías, porque esto se acaba ya”, manifestó Reimberg.
Conflicto por el subsidio al diésel
El paro nacional inició el 22 de septiembre de 2025, un día después de la emisión del Decreto Ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel y elevó su precio de $1,79 a $2,80 dólares por galón. La medida forma parte de un ajuste fiscal impulsado por el presidente Daniel Noboa para reducir el gasto público, que destinó 53 mil millones de dólares en subsidios a combustibles entre 2010 y 2023, de los cuales el 43% correspondió al diésel. La CONAIE, principal convocante, exige la derogatoria del decreto, junto con la reducción del IVA del 15% al 12%, mayor inversión en salud y educación, y el freno a proyectos extractivos en territorios indígenas.
En sus primeras semanas, las protestas se concentraron en Imbabura, donde comunidades como Otavalo y Cayambe han mantenido al menos ocho bloqueos viales en rutas como la Panamericana Norte. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 reportó cierres en provincias como Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo, con un impacto económico estimado en 42 millones de dólares hasta el 6 de octubre. Además, se registró la muerte de un manifestante, Efraín Fuérez, en Cotacachi, por heridas de bala, y más de 100 detenciones, según balances de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.
