La deuda del Gobierno Nacional con los 222 municipios del Ecuador asciende a 745 millones de dólares. Aquello afectando principalmente a las alcaldías pequeñas y medianas, que dependen en más del 70% y 54% de las transferencias estatales, respectivamente. Estos retrasos, recurrentes en el país, comprometen el funcionamiento de servicios básicos y la ejecución de obras públicas en las jurisdicciones más vulnerables.
De los 222 municipios, 150 son pequeños, con una dependencia del 73% de las asignaciones del Ministerio de Economía. Con ello cubren sueldos, recolección de basura, subsidios de agua potable, pagos a proveedores y proyectos de infraestructura. Los 69 municipios medianos, aunque generan más ingresos propios, enfrentan dificultades para cumplir con obligaciones urgentes.
Municipios grandes reciben otros ingresos
Por ejemplo, Quevedo, en la provincia de Los Ríos, acumula cuatro meses sin recibir transferencias. Su alcalde, Alexis Matute, señaló que los sueldos de agosto y septiembre están pendientes, forzando a la alcaldía a subsistir con recaudación propia. Los tres municipios grandes (Quito, Guayaquil y Cuenca), con una dependencia del 34% de las transferencias, logran cubrir servicios básicos. Aquello ocurre gracias a ingresos propios provenientes de puertos, aeropuertos y un amplio catastro.
Sin embargo, la falta de fondos estatales limita su capacidad de inversión en obras de mayor envergadura. Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) se pronunció sobre este hecho. Destacó que, aunque estas ciudades tienen mayores ingresos, sus necesidades también son más amplias debido a su población y territorio.
Riesgo la estabilidad financiera de las alcaldías
Los retrasos en las asignaciones son un problema estructural que ha generado tensiones entre el Gobierno y los municipios. Hace tres meses, el Ejecutivo no ha respondido ni recibido al Comité Ejecutivo de la AME, que busca dialogar sobre soluciones o mecanismos de compensación. Esta situación pone en riesgo la estabilidad financiera de las alcaldías, especialmente las pequeñas, que enfrentan dificultades para mantener servicios esenciales.
La AME advierte que, sin un plan de pago claro, la crisis podría agudizarse, afectando a la ciudadanía. Los municipios pequeños y medianos han implementado medidas de emergencia, como recortes en proyectos de infraestructura, para priorizar gastos operativos. La AME insiste en la necesidad de un cronograma de pagos por parte del Gobierno para garantizar la continuidad de los servicios municipales. El Ministerio de Economía aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la deuda.
