Los operativos de control implementados a escala nacional contra la especulación de precios, que se iniciaron tras la eliminación del subsidio al diésel mediante el Decreto Ejecutivo n.º 126, han resultado en la detención de 582 personas y la clausura de 81 establecimientos. Estos datos corresponden al último reporte del Ministerio de Gobierno, con corte al 9 de octubre de 2025. En Ecuador, estas acciones buscan contener el aumento injustificado de costos que se generó a partir del 13 de septiembre, un día después de la emisión del decreto.
Desde el inicio de la vigencia del decreto, la cartera de Estado y los organismos de control han ejecutado 24.649 operativos a escala nacional. Para llevar a cabo estas inspecciones, se desplegaron 1.805 funcionarios en diversas ciudades del país.
En el periodo analizado, las autoridades controlaron un total de 47.166 establecimientos. La distribución de los sitios controlados abarca 4.762 mercados, 3.608 supermercados, 29.253 tiendas y 9.543 centros de abastos. El alto número de inspecciones refleja la intensidad de las medidas gubernamentales para monitorear la variación de precios post-subsidio en el mercado ecuatoriano.
Cifras de detenidos y clausuras por provincia
El balance del Ministerio de Gobierno subraya que, además de los 582 detenidos por presunta especulación, se recibieron 2.237 denuncias por parte de la ciudadanía. Estas denuncias han sido un componente fundamental para dirigir los operativos a zonas específicas.
En el marco de estos operativos, se registró la clausura de 81 establecimientos que incumplían la normativa de precios. La distribución de las clausuras abarca la mayoría de las provincias del país, con mayor concentración en algunas zonas.
Las provincias con el mayor número de clausuras son Esmeraldas y Chimborazo, ambas con 10 establecimientos cerrados. Les siguen El Oro, con 9 clausuras, y Pichincha, que registró 8 establecimientos cerrados. Guayas y Sucumbíos reportaron 6 clausuras cada una. En contraste, provincias como Morona Santiago, Pastaza, Loja y Galápagos registraron solamente una clausura por provincia.
Contexto y alcance del control nacional
La necesidad de intensificar los controles antiespeculación se deriva del contexto social generado por el Decreto Ejecutivo n.º 126. En Ecuador, la eliminación del subsidio al diésel desencadenó un paro nacional liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que en la fecha de corte del reporte completaba diecinueve días de protesta.
Las actividades de control también se extendieron a sectores clave para la distribución, como el control de gas de uso doméstico. El informe precisa que se controlaron 3.620 distribuidores de gas para asegurar el abastecimiento y evitar cualquier manipulación en los precios de este producto esencial.
La acción coordinada de los 1.805 funcionarios desplegados a escala nacional busca restablecer la estabilidad de precios en la cadena comercial. El objetivo de fondo de estos operativos en Ecuador es frenar la especulación y garantizar que los ciudadanos paguen precios justos por los productos de primera necesidad, mitigando el impacto económico derivado de la medida de eliminación del subsidio.
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