En una entrevista de Manavisión Plus, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, abordó la protección de derechos de periodistas durante coberturas de alto riesgo como el paro nacional convocado por la CONAIE contra el Decreto Ejecutivo 126 que eliminó el subsidio al diésel.
Ricaurte analizó la deportación de Bernat Lautaro Bidegain Ros, conocido como Pelo Fuego, detenido el 5 de octubre mientras cubría protestas en Imbabura y Quito, expulsado por “amenaza a la seguridad nacional” sin debido proceso según INREDH y Fundamedios. Además, detalló 31 agresiones registradas hasta el 5 de octubre, con 22 atribuibles al Estado, incluyendo el cierre de TV MICC el 23 de septiembre por Arcotel.
-Empecemos este diálogo hablando respecto al tema que ha generado bastantes repercusiones, no sólo aquí en nuestro país, sino también en otras partes, y es respecto al anuncio de la deportación de un periodista Todavía no tenemos muy clara cuál es la figura en torno a la situación de un ciudadano español-chileno quien reportaba sobre las protestas por considerarlo una amenaza para el Estado ecuatoriano. ¿Cuál es el seguimiento que ustedes, como Fundamedios, le han dado a este caso? ¿Qué información tienen al respecto? Se habla de que hay un informe reservado, el cual, desde luego, por su carácter, no se hace público. Pero, en todo caso, como Fundamedios, ustedes han venido monitoreando esta situación y sus posibles repercusiones también para el país.
Hemos seguido el caso de Bernat Lautaro Bidegain Ros, deportado el 5 de octubre de 2025 sin causales claras ni debido proceso, según denuncia de INREDH. La vocera Carolina Jaramillo mencionó un informe reservado, pero urge transparencia sobre acusaciones de riesgo estatal. Su cobertura en Instagram no califica como periodismo exhaustivo; subía videos en tiempo libre mientras realizaba otro trabajo desconocido. Esto genera dudas sobre su rol, pero la expulsión arbitraria viola derechos humanos y envía mensaje de intolerancia a observadores internacionales.
-Hemos visto, por ejemplo, que ha tenido algunas coberturas en países como Venezuela, por ejemplo, coberturas bastante afines al gobierno de ese país, para un medio mexicano denominado N+. Pero en el caso de Ecuador, como usted muy bien señala, pues no de alguna manera se lo logra identificar con un medio específico, sea de España o de alguna otra parte del país. En todo caso, más allá de la situación lamentable que se dé esta deportación, tampoco se evidencia de alguna forma esto, el respaldo o de alguna forma la acreditación por parte de un medio internacional como tal en las coberturas en el contexto de las protestas en nuestro país.
Exacto, sus coberturas en Venezuela para N+ eran afines al gobierno, pero en Ecuador no se identifica con medio específico ni acreditación internacional. Afirma trabajar en el país, pero no detalla; dice no tener tiempo para más videos por otro empleo. Dudas persisten sobre su periodismo real durante manifestaciones, pero la deportación sin pruebas configuraría violación de derechos, independientemente de su estatus, y proyecta imagen autoritaria de Ecuador ante el mundo.
-Hablemos ahora también de lo que ocurre con los periodistas locales y con los trabajadores de los medios de comunicación en nuestro país, porque veo que en el comunicado que precisamente el día de ayer hizo público Fundamedios, se habla ya de 31 agresiones contra la libertad de expresión y asociación, y muchas de estas agresiones van contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. ¿Cuáles son las principales agresiones que se han reportado en el marco de las manifestaciones y también quiénes estarían detrás de estas agresiones?
Hasta el 5 de octubre de 2025, registramos 31 agresiones, 22 por agentes estatales y uso abusivo de poder. Incluyen cierre de TV MICC el 23 de septiembre por Arcotel sin justificación, bloqueos de cuentas a dirigentes como Fundación Pachamama, y ataques policiales: el 5 de octubre en Quito gasearon periodistas de varios medios, incluyendo uno de Ecuador Chequea; el 30 de septiembre en la Universidad Central, agredieron reporteros con gas lacrimógeno. Viola acuerdos con la Policía para proteger coberturas en conflictividad social.
-En estos días de paralización, ¿cuál ha sido la comunicación del Gobierno? ¿Cómo la han recetado los periodistas? ¿Cómo la están recetando los medios? Tomando en consideración el hecho de que obviamente el Gobierno también maneja una comunicación, que si bien es cierto es una comunicación oficial, pero que indudablemente es parte de este propio ejercicio.
La comunicación gubernamental muestra deficiencias: falta información oportuna sobre informes reservados, cierres de medios o agresiones policiales. Valoramos la condena de la vocera a ataques contra periodistas, pero no hay política clara. En redes, cuentas afines al gobierno crean ilusión de respaldo masivo al Ejecutivo, sin puentes para diálogo. El gobierno parece apostar al desgaste del paro vía feriado largo, ignorando negociación política, lo que perjudica a periodismo y sociedad.
-Ahora, usted ha dicho, hay un sinnúmero de páginas o algunos denominados medios digitales que direccionan o tratan de direccionar la información, pero esto va de parte y parte. ¿Cómo hacer ahí, cómo identificar y cómo tratar de corregir, siendo obviamente autocríticos?
Estos momentos exigen que ciudadanos separen propaganda de periodismo serio: cuentas militantes siguen consignas, alimentan desinformación con recursos masivos, arrinconando independientes. Apoyemos a periodistas que toman distancia política, financiándolos directamente. El periodismo independiente está en riesgo; prioricemos medios serios sobre pseudomedios al servicio de causas políticas.
-Dejemos atrás el tema de las manifestaciones y las agresiones que han habido en contra de los medios de comunicación para también hablar sobre otras de las problemáticas que afrontan los medios de comunicación, los periodistas, y quiero referirme específicamente a la situación de la violencia que continúa castigando principalmente a las provincias del litoral ecuatoriano, y en este sentido quisiera también consultarle, ¿cuál es la situación, el monitoreo que ustedes vienen realizando en torno al trabajo periodístico frente al contexto de violencia narcocriminal que vive el Ecuador?
La situación es crítica en costa y Amazonía, zonas de récord de violencia en 2025 con más asesinatos que nunca. Dos periodistas muertos por su labor: Patricio Aguilar en Esmeraldas el 4 de marzo, y Xavier Ramos en Guayaquil el 21 de agosto. Amenazas, atentados y agresiones físicas se multiplican; en Manabí y Esmeraldas, periodismo independiente es casi imposible. El Estado no garantiza seguridad donde fuerzas son desbordadas por narcocriminales.
-Hablando de la Ley de Transparencia Social. Ustedes en su momento emitieron comunicados, de preocupación sobre todo, sobre controles excesivos, de alguna estigmatización que pueda haber, ¿han podido tener ustedes como Fundamedios más claro el tema de lo que quiere y de lo que intenta obviamente tener como principio esta ley?
Participamos en diálogos con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para reglamentar, pero 13 organizaciones, incluyendo Fundamedios, presentamos acción de inconstitucionalidad el 4 de septiembre de 2025 por estigmatización de ONGs como lavado de activos sin evidencia, y violación de unidad de materia al encadenar reformas a leyes de minería y tributos. Con 18 artículos pero 60 disposiciones reformatorias, repite vicios de leyes urgentes declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional.
La entrevista completa puede visualizarse en las plataformas digitales de Manavisión Plus.
