La reinstalación de la audiencia para conocer la resolución oral sobre el pedido de prisión preventiva contra Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y Ricardo Cevallos, procesados en el caso Triple A, fue declarada fallida este lunes por la inasistencia del fiscal Leonardo Alarcón. Este fiscal es de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. La diligencia, convocada a las 16h30 en la Unidad Judicial Anticorrupción de Quito, fue suspendida por el juez Christian Fierro, presidente del Tribunal de Juicio. El juez otorgó 48 horas a la Fiscalía para justificar la ausencia. Además, fijó la reinstalación para el martes 30 de septiembre a las 17h00. El caso investiga el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de combustibles. Se ha señalado un perjuicio al Estado que supera los 61 millones de dólares.
Horas antes, el Tribunal, integrado por los jueces Fierro, Carlos Serrano y Gabriela Lara, había suspendido una audiencia de revisión de medidas cautelares tras casi 90 minutos de deliberación. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para Aquiles Álvarez y Cevallos por un supuesto incumplimiento de la medida de presentación periódica. Esto se estableció previamente para ambos como parte de los 22 procesados (16 personas naturales y seis empresas) en el caso Triple A. La ausencia de Alarcón, atribuida a una emergencia médica, impidió conocer la decisión del Tribunal sobre el cambio de medidas cautelares.
Fiscalía allega incumplimiento de medidas cautelares
La solicitud de prisión preventiva se basa en la inasistencia de Aquiles Álvarez y Cevallos a una presentación periódica el 1 de septiembre en la Fiscalía de Guayaquil. Según el fiscal Alarcón, este incumplimiento viola el Código Orgánico Integral Penal (COIP), justificando una medida más severa. Esta medida busca garantizar la comparecencia de los procesados. La audiencia de revisión, instalada a las 7h30 del lunes 29 de septiembre, evaluó las medidas impuestas a ambos. Estas medidas incluyen el uso de grillete electrónico, presentación periódica y prohibición de salida del país.
El caso Triple A, iniciado en 2024, investiga una red de comercialización ilegal de 22.7 millones de galones de diésel y gasolina subsidiados. Esto ha generado un perjuicio económico de 61.5 millones de dólares. La Fiscalía señala que empresas como Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A. y FuelCorp, vinculadas a la familia de Aquiles Álvarez, habrían desviado combustibles. Tales combustibles eran destinados a sectores automotrices, industriales y navieros, especialmente en zonas fronterizas mineras de Zamora Chinchipe, Loja y El Oro, donde el diésel subsidiado no estaba destinado.
#AHORA | #CasoTripleA: se instala la audiencia de revisión de medidas cautelares de los procesados Aquiles A. y José C., por presunta comercialización y distribución ilegal de #Hidrocarburos. pic.twitter.com/VIxNSbugE0
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 29, 2025
Defensa de Álvarez rechaza pedido de prisión preventiva
Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, rechazó la solicitud fiscal. Argumentó que la inasistencia del 1 de septiembre está justificada. Álvarez, quien participó en la audiencia vía telemática, presentó un escrito detallando sus actividades. Ese día se encontraba en Quito por dos compromisos: una audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una denuncia de proselitismo electoral y una reunión con la canciller Gabriela Sommerfeld, el ministro del Interior, John Reimberg, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. García aportó fotografías como prueba. Por lo tanto, solicitó a los jueces desestimar la prisión preventiva, afirmando que no hubo intención de evadir la justicia.
El abogado también pidió un llamado de atención a la Fiscalía por no considerar los justificativos antes de solicitar el cambio de medida. Asimismo, reiteró la solicitud de retirar el grillete electrónico de Álvarez, argumentando que su rol como alcalde y una evaluación cardiológica pendiente, debido a un marcapasos, lo hacen incompatible con el dispositivo. García subrayó que la comparecencia de Aquiles Álvarez está garantizada por su agenda pública.
Cevallos cuestiona revisión de medidas
La defensa de Ricardo Cevallos, otro procesado, expresó su desconcierto ante el pedido fiscal. Aseguró que Cevallos ha cumplido con todas las presentaciones periódicas. Esto incluye su asistencia presencial a la audiencia preparatoria de juicio en julio de 2025. En esa diligencia, el juez anticorrupción Renán Andrade llamó a juicio a las 16 personas naturales y seis empresas acusadas por Alarcón. Alarcón identificó a diez personas y seis empresas como autores directos. Además, señaló a otros seis como coautores del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos.
El caso Triple A ha revelado una compleja red de distribuidoras de combustible. Según pericias contables de la Fiscalía, operaban de forma irregular. Las estaciones investigadas, ubicadas en zonas fronterizas, habrían adquirido grandes cantidades de diésel y gasolina sin capacidad de almacenamiento adecuada. Luego, los desviaron a actividades no autorizadas. Este esquema habría generado millonarias pérdidas al Estado ecuatoriano, que subsidia estos combustibles para sectores específicos.
Contexto y resolución pendiente
El 17 de septiembre, Álvarez se pronunció en redes sociales, desafiando el pedido fiscal: “Ya si quieren, voy preso. Me avisan”, y adjuntó documentos que respaldan su agenda en Quito. El TCE lo sancionó recientemente por proselitismo electoral en las elecciones de 2025, lo que añade un contexto adicional a sus compromisos institucionales. En etapas previas, el juez Andrade impuso medidas como la prohibición de enajenar bienes y la retención de 12 salarios básicos unificados (5.640 dólares), aunque la defensa denunció retenciones bancarias excesivas.
La reinstalación de la audiencia, programada para este martes 30 de septiembre, será clave para determinar si el Tribunal acoge el pedido de prisión preventiva o mantiene las medidas actuales. La Fiscalía insiste en la solidez de las pruebas. Estas pruebas incluyen peritajes que sustentan la acusación. Mientras, las defensas de Álvarez y Cevallos abogan por la continuidad de las medidas cautelares. Destacan el cumplimiento general de los procesados y la ausencia de intención de evadir el proceso.
