El asambleísta Christian Hernández Yunda presentó una denuncia electoral ante el TCE contra siete ministros del Gobierno de Daniel Noboa por presunta infracción vinculada al proceso del referendo y la consulta popular 2025. El legislador argumenta que los funcionarios emitieron opiniones destinadas a inducir a los ciudadanos hacia una posición política específica.
Además, el asambleísta señaló que esta actuación vulnera normas que rigen el silencio electoral e incide directamente en la transparencia del proceso.
Según los documentos ingresados ante el organismo, Hernández afirma que se incumplió “la prohibición de difundir opiniones en todo tipo de medios digitales, que induzcan a los electores sobre una posición o preferencia electoral, cuarenta y ocho horas antes del día de los comicios y hasta las 17:00 del sufragio”.
El legislador insiste en que la actuación de los ministros comprometió la imparcialidad del Estado durante una jornada decisiva.
Ministros señalados por presunta infracción
El denunciante incluyó a Roberto Luque, titular de Infraestructura y Transporte, Roberto Kury, responsable de Telecomunicaciones, y Zaida Rovira, encargada de Desarrollo Humano. También mencionó a Harold Burbano, ministro de Trabajo, Inés Manzano, de Ambiente y Energía, y Gian Carlo Loffredo, responsable del área de Defensa.
El listado lo completa Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, a quien el legislador también atribuye responsabilidad directa dentro del proceso.
Estas autoridades habrían difundido criterios que, según Hernández, influyen en la intención del voto. El asambleísta sostiene que los mensajes aparecieron en momentos clave de la contienda y que generaron un impacto sobre la opinión pública.
El político recalca que la normativa exige absoluta neutralidad de los funcionarios antes y durante la jornada electoral.
TCE solicita aclaraciones a Hernández
Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral confirmaron que ya avocaron conocimiento del caso y que activaron el procedimiento correspondiente.
El organismo también dispuso un plazo de dos días para que Hernández complete la documentación y presente aclaraciones adicionales necesarias para continuar con el análisis.
El asambleísta confirmó que entregará la información solicitada en el tiempo establecido. Aseguró que su denuncia busca fortalecer la adecuada conducta institucional durante los procesos democráticos.
Hernández señaló que mantendrá el seguimiento al expediente hasta que el TCE emita una resolución definitiva. (07)
