La bancada opositora Revolución Ciudadana (RC) anunció este 12 de diciembre de 2025 que activará acciones constitucionales y fortalecerá procesos de fiscalización en comisiones legislativas específicas, tras el bloqueo al juicio político contra el exministro de Salud Jimmy Martin. La decisión se produce luego de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en sesión del 10 de diciembre, no calificara la solicitud presentada por tres asambleístas de RC, alegando seis causales vinculadas a irregularidades en el sector salud. Este rechazo, impulsado por el oficialismo, evidencia tensiones políticas en torno a la gestión sanitaria del gobierno del presidente Daniel Noboa, heredada de administraciones anteriores.
El juicio político, propuesto por legisladores de RC, incluía acusaciones por desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en hospitales públicos, falta de pagos por servicios externos, incumplimientos en abonos a clínicas dializadoras, omisión en la entrega de información requerida y negativa a comparecer ante la Asamblea Nacional. La no calificación deja en suspenso el proceso de interpelación, lo que, según los proponentes, podría implicar un incumplimiento legal por parte del presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez.
Posiciones del oficialismo
Mishel Mancheno, coordinadora de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), defendió la decisión al argumentar que el sector salud requiere un cambio estructural profundo, más allá de un juicio político a un ministro que ocupó el cargo por aproximadamente cuatro meses. “Qué soluciona un juicio político de un ministro que estuvo aproximadamente cuatro meses?”, cuestionó Mancheno, atribuyendo los problemas actuales al “abandono y la corrupción” del gobierno del expresidente Rafael Correa.
Agregó que el Ejecutivo está implementando medidas para resolver estas herencias, y enfatizó que “no tiene cabida que un juicio político sea una bandera de otro movimiento o de otra tendencia política”. Según la legisladora, el enfoque debe centrarse en “soluciones claras, soluciones reales y dar respuesta a la gente”. Ya que un juicio no resuelve las deficiencias en los hospitales.
Respuesta de la oposición
Por su parte, el asambleísta Luis Fernando Molina calificó el bloqueo como una decisión del sector gubernamental que deja la interpelación “en limbo”. Ante esto, RC optará por fiscalizar casos individuales denunciados públicamente. Molina destacó que la asambleísta Ana Herrera (RC) presentó una solicitud de fiscalización sobre el caso de neonatos en Guayaquil, pendiente de resolución. “Si no quieren por la vía del juicio político, vamos a fiscalizar cada uno de los casos”, afirmó.
Además, la bancada correísta mantiene vigente una acción de protección contra la política pública en materia de salud. Esta fue presentada en septiembre de 2025 por la entonces coordinadora Viviana Veloz. Esta acción, dirigida contra el presidente Noboa y el exministro Martin, alega una “deficiente prestación de política pública”. La audiencia, originalmente programada para el 7 de noviembre de 2025, fue diferida a solicitud de la Presidencia de la República para evitar coincidencia con el proceso electoral de la consulta popular. Sin embargo se reprogramó para el 7 de enero de 2026.
Detalles de la acción constitucional
Molina explicó que, en esta instancia judicial, el presidente Noboa deberá demostrar la existencia de una política pública de salud no deficiente. Sujetándose a la Constitución y la ley. El juez constitucional podría ordenar al Gobierno cumplir con dichas normas. Además, sindicatos, enfermeras y ciudadanos afectados pueden presentar amicus curiae para respaldar la acción.
Paralelamente, RC continuará la fiscalización en las comisiones de Garantías Constitucionales, Niñez y Adolescencia, y en la mesa de Salud. La legisladora Cristina Jácome (RC), integrante de la Comisión de Salud, avanza en casos específicos que alimentarán estos procesos. “Nosotros no renunciamos o no nos limitamos a la fiscalización, sino que también activamos acciones constitucionales como asambleístas y como ciudadanos”, puntualizó Molina.
