En una jornada marcada por la urgencia institucional, la Asamblea Nacional resolvió este domingo, 21 de diciembre, convocar al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, para que rinda cuentas ante el pleno. Con una abrumadora mayoría de 142 votos favorables y apenas una abstención, los legisladores determinaron que el funcionario debe informar sobre hechos de conocimiento público que sugieren graves irregularidades en las actuaciones judiciales del país. La decisión subraya la voluntad del Parlamento de ejercer su facultad fiscalizadora en un momento donde la transparencia del sistema de justicia se encuentra bajo el escrutinio social.
La sesión, presidida por Niels Olsen, se desarrolló de manera telemática pero culminó con la disposición de que la comparecencia sea estrictamente presencial e indelegable. Según la resolución aprobada, Godoy dispone de un plazo máximo de ocho días término para presentarse ante los asambleístas, lo que sitúa el vencimiento del plazo el 5 de enero de 2026. Esta medida ha forzado a considerar la suspensión del receso parlamentario, originalmente programado desde el 22 de diciembre hasta inicios de enero, garantizando así que la función fiscalizadora no se vea interrumpida por las festividades de fin de año.
Un debate sobre la urgencia y el debido proceso
El debate fue abierto por el asambleísta Andrés Castillo, de la bancada de ADN y proponente de la moción, quien enfatizó que el país cuenta actualmente con una Asamblea distinta comprometida con la depuración del Estado. Castillo argumentó que la fiscalización es imperativa para despejar los rumores y absolver las dudas que circulan sobre la gestión de Godoy, especialmente tras la polémica renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano. La moción también incluyó el inicio de un proceso de investigación formal a cargo de la Mesa de Justicia, buscando profundidad en los hallazgos técnicos.
Por su parte, legisladores como Raúl Chávez y Xavier Lasso plantearon la necesidad de que el encuentro ocurriera en un lapso no mayor a 48 horas, dada la conmoción social que generan las denuncias de presiones a magistrados. No obstante, prevaleció el criterio de Castillo sobre respetar el debido proceso constitucional, otorgando un tiempo prudencial para que el presidente de la Judicatura prepare su defensa técnica. El consenso generalizado entre las distintas bancadas reflejó una preocupación compartida por el estado de indefensión que podrían estar sufriendo los operadores de justicia frente a influencias externas.
El caso del juez Carlos Serrano como detonante
El trasfondo de esta convocatoria de la Asamblea Nacional se sustenta en las preocupantes alertas emitidas por el juez Carlos Serrano, integrante de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Crimen Organizado. Serrano presentó su renuncia irrevocable el pasado 4 de diciembre, denunciando amenazas directas contra su integridad y presiones por parte de un presunto funcionario del Consejo de la Judicatura. Según los reportes, se habría intentado influir en su decisión dentro de un caso de lavado de activos vinculado al narcotráfico, donde finalmente el implicado recibió una condena de 10 años.
A pesar de la gravedad de su situación, el Consejo de la Judicatura no aceptó su renuncia bajo el argumento de que el magistrado mantiene causas de alta relevancia social, como el caso Triple A. Sin embargo, la mayor controversia surgió al conocerse que el análisis de riesgo de Serrano determinó apenas un 38 % de peligrosidad, nivel que la Judicatura utilizó para no asignar resguardo personal permanente. Esta aparente desatención a la seguridad física de un juez anticorrupción es uno de los puntos medulares que Mario Godoy deberá explicar ante el pleno legislativo en los próximos días.
Denuncias de presiones y el fantasma de la intromisión
Durante la sesión, el legislador Otto Vera recordó casos precedentes como el de la jueza Nubia Vera, quien también habría sufrido presiones indebidas en el ejercicio de sus funciones. Vera fue enfático al señalar que el Consejo de la Judicatura no ha dado la talla para enfrentar la crisis judicial que atraviesa el Ecuador, sugiriendo que es necesaria una reestructuración profunda para evitar la “metida de mano” en la justicia. Para muchos asambleístas, el silencio ante estas denuncias equivaldría a una complicidad tácita con las estructuras que buscan someter a los jueces.
En esta misma línea, Mariana Yumbay, representante de Pachakutik, insistió en que el rol del CJ debe ser garantizar la independencia judicial y no convertirse en un instrumento de coacción. La asambleísta Rosa Torres añadió que la realidad actual es producto de administraciones pasadas, pero que es responsabilidad de la Asamblea Nacional poner reglas claras mediante las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. La intención es que el sistema de justicia cuente con mecanismos de protección reales para que los magistrados dicten sus sentencias basándose únicamente en los elementos legales presentados.
Posturas en la Asamblea Nacional sobre la designación y juicios políticos
La asambleísta Viviana Veloz, del correísmo, calificó la convocatoria como necesaria pero insuficiente, sugiriendo que también debería comparecer el propio juez Serrano para exponer su testimonio directo. Veloz recordó que si existen responsabilidades por parte de Godoy, también se debe cuestionar al Consejo de Participación Ciudadana por su designación, así como a la Corte Nacional de Justicia por incluirlo en la terna. Además, no descartó la reactivación de juicios políticos contra las autoridades judiciales que resulten implicadas en este entramado de supuestas irregularidades.
Desde la bancada de ADN, Inés Alarcón recalcó que en el actual Parlamento no hay espacio para el silencio cómplice frente a los abusos de poder. Recordó épocas pasadas de intromisión política en la justicia para marcar una distancia con la gestión actual, asegurando que la transparencia institucional debe ser el norte de toda actuación pública. La aprobación de la moción se vio como un gesto de unidad legislativa poco frecuente, donde incluso los sectores independientes, representados por Pablo Jurado, coincidieron en que el Estado no puede estar ausente en la fiscalización de sus órganos judiciales.
El futuro de la fiscalización en la Asamblea Nacional y la vacancia
Con la resolución en firme, la Presidencia de la Asamblea Nacional, a cargo de Niels Olsen, tiene la responsabilidad de fijar la fecha y hora exacta del encuentro presencial. La posibilidad de suspender el receso legislativo se mantiene como una opción latente para asegurar que el proceso no pierda impulso político ni jurídico durante las próximas dos semanas. Este escenario pone a prueba la capacidad operativa del Legislativo para responder a crisis institucionales de forma oportuna, demostrando a la ciudadanía que la búsqueda de la verdad prevalece sobre los periodos de descanso.
Mientras se espera la llegada de Godoy al pleno, la Comisión de Justicia iniciará de oficio el análisis de los rumores y denuncias que han circulado en los últimos días. El objetivo es llegar a la comparecencia con un expediente sólido que permita cuestionar con fundamentos técnicos la gestión de la seguridad de los jueces y la integridad de los procesos de control disciplinario. La sociedad civil y los gremios de abogados permanecen atentos a este proceso, que podría marcar un antes y un después en la relación entre el poder político y la administración de justicia en el país.
