Un total de veintitrés organizaciones sociales e indígenas de Ecuador entregaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un informe que examina el cumplimiento del Convenio 169 y advierte retrocesos en derechos colectivos.
El documento expone una serie de presuntas vulneraciones que se habrían consolidado durante varios gobiernos. Además, aporta evidencia sobre decisiones estatales que contradicen estándares internacionales. Todo esto genera creciente preocupación entre comunidades históricamente afectadas.
El Convenio 169 de la OIT reconoce los derechos de los pueblos indígenas y tribales, estableciendo su derecho a la consulta previa, libre e informada sobre medidas que les afecten, el reconocimiento de sus tierras, culturas, costumbres y sistemas de vida, y el derecho a la igualdad en el acceso a la salud, educación y empleo, obligando a los Estados a adaptar su legislación y políticas para protegerlos de la discriminación y asegurar su participación.
Organizaciones sociales e indígenas alertan sobre limitación de derechos colectivos
El informe, de 137 páginas, detalla que Ecuador avanza en una lógica opuesta al mandato del convenio. Describe limitaciones en el alcance de la consulta previa y denuncia que se autorizan proyectos extractivos sin participación adecuada. También afirma que se aprueban normas que impactan directamente a los pueblos sin respetar procesos prelegislativos. Con ello, alerta sobre riesgos que comprometen derechos básicos garantizados.
El documento contextualiza el pasado paro indígena de 31 días y los comicios del 16 de noviembre por el referéndum y consulta popular. Además, sostiene que “los derechos colectivos de los pueblos son incómodos a los gobiernos”. Recuerda que el presidente Daniel Noboa insistió en que el territorio ecuatoriano es uno solo. Incluso advirtió con expulsar a quienes promuevan caos en el país. Estos mensajes preocupan a comunidades y defensores de derechos.
Asimismo, el informe enfatiza que “la represión a las manifestaciones callejeras y la persecución a líderes y lideresas y organizaciones fue particularmente violenta no solo en las calles, sino en oficinas administrativas, tribunales de justicia y fiscalía general”.
Estos hechos, según las organizaciones, evidencian una política de control que limita el derecho a la movilización.
Riesgos en la consulta popular y tensiones por una eventual Constituyente
Las organizaciones sociales e indígenas de Ecuador advierten que la propuesta de una asamblea constituyente “introduce un riesgo de regresividad en materia de derechos colectivos”. Aseguran que esta iniciativa motivó un fuerte rechazo en la consulta popular. Destacan que la ciudadanía defendió los derechos conquistados ante la posibilidad de retrocesos institucionales. Afirman que el presidente descalificó estos derechos al calificarlos como “privilegios”.
El informe añade que persisten déficits en el cumplimiento de la consulta previa. Señala que los pueblos indígenas, afroecuatorianos, montuvios y campesinos padecen los efectos de una política extractiva. Destaca que los procesos informativos de bajo estándar no cumplen requisitos internacionales. También subraya que estos procedimientos ignoran decisiones de la Corte Constitucional que exigen consultas culturalmente adecuadas.
Extractivas, concesiones y vigilancia estatal: puntos críticos del informe
El documento advierte que “las concesiones petroleras y mineras en la Amazonía y en la Sierra norte han sido tramitadas mediante procedimientos informativos de bajo estándar”. Además, afirma que estas decisiones vulneran exigencias sobre participación oportuna. Sostiene que estos casos reflejan prácticas estatales que afectan a comunidades. También menciona impactos ambientales y territoriales que agravaron tensiones sociales.
En paralelo, el informe denuncia que se reforzaron mecanismos para intervenir en la vida interna de las organizaciones. Señala que la Ley Orgánica de Transparencia Social profundiza ese esquema desde agosto de 2025. Indica que esta norma permite inmovilizar fondos asociativos y aplicar fiscalización reforzada. Asimismo, advierte que estas medidas se usan selectivamente contra entidades indígenas, sindicales y de derechos humanos.
Deterioro democrático y autores del documento entregado a la OIT
El informe lista factores que, según las organizaciones, evidencian un deterioro de las garantías democráticas. Describe criminalización de la protesta, déficits en consulta previa y precarización social. También sostiene que existen restricciones legales que afectan la autonomía organizativa. Además, alerta sobre invisibilización estadística y debilidad de la seguridad social campesina.
El documento fue elaborado por la CEOSL, la ISP, el CIDDT, Amazon Frontlines, Amazon Watch, Acción Ecológica, Inredh y otras quince entidades. Estas organizaciones sociales e indígenas integran una coalición que busca defender derechos colectivos.
Aseguran que continuarán elevando alertas ante organismos internacionales. También promueven acciones para fortalecer la protección de los pueblos y nacionalidades.
