La emergencia eléctrica de 2024 dejó en evidencia más que una crisis energética: reveló cómo el Estado ecuatoriano tropezó dos veces con la misma piedra. Adjudicó contratos millonarios a empresas que, según la Contraloría, no cumplían con los requisitos técnicos ni de calidad exigidos en la ley. Austral Technical Management (ATM) y Progen Industries LLC terminaron convertidas en casos de incumplimientos técnicos, retrasos críticos y millonarias pérdidas para el Estado.
La Contraloría General del Estado concluyó que ambas empresas no cumplían con los parámetros técnicos ni de calidad exigidos, pese a lo cual fueron contratadas.
ATM: un proyecto paralizado y motores que nunca debieron llegar
El contrato con ATM, por USD 89 millones, contemplaba la construcción de la planta termoeléctrica Esmeraldas III, con una capacidad de 91 megavatios (MW). La obra debía estar operativa a inicios de 2025, pero el plazo no se cumplió. Durante los primeros meses, la empresa instaló solo 16 de los 48 motogeneradores previstos y realizó pruebas preliminares de sincronización con la red. En julio de 2025 reportó una entrega experimental de 12 MW.
Ese avance, sin embargo, fue apenas un espejismo. ATM abandonó la obra, dejó maquinaria sin ensamblar, generadores corroídos y motores desarmados para recuperar piezas. Lo que debía ser una planta moderna terminó convirtiéndose, según informes técnicos, en un cementerio de equipos viejos vendidos como nuevos, señalan los reportes de los medios de comunicación.
La Contraloría detectó irregularidades graves: 30 de los 48 motores operaban a 50 Hz, pese a que el sistema nacional funciona a 60 Hz, lo que hacía imposible conectarlos a la red. Además, varios generadores tenían entre siete y ocho años de fabricación, aunque el contrato exigía equipos nuevos y con máximo cuatro años de antigüedad.
Incluso la verificación técnica fue deficiente. Funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) intentaron validar los motores mediante videollamada con el Líbano, pero la mala conexión impidió comprobar su funcionamiento real. Aun así, se emitieron desembolsos millonarios sin garantías de desempeño adecuado.
Hoy la obra está paralizada desde hace dos meses. Celec presentó una denuncia penal por delincuencia organizada y espera el pronunciamiento del arbitraje que se tramita en la Cámara de Comercio de Quito. Lo invertido hasta ahora —más de USD 70 millones— está en riesgo.
Progen: equipos que nunca encendieron y un año de retrasos
El caso de Progen Industries LLC sigue un libreto similar. La empresa estadounidense fue adjudicada con dos contratos por un total de USD 149,1 millones para generar 150 MW en las centrales de Salitral y Quevedo. Bajo los términos acordados, Celec pagó el 70% del monto —USD 104 millones— entre octubre de 2024 y marzo de 2025, una vez que Progen presentó documentación de importación y supervisión técnica.
Los motores llegaron al país, pero nunca entraron en funcionamiento. El contrato establecía que debían operar desde noviembre de 2024, pero un año después los equipos siguen detenidos y sin cumplir su objetivo. Celec busca recuperar alrededor de USD 30 millones, correspondientes a multas, repuestos y garantías. El resto se considera “ejecución satisfactoria”, pese a que ninguna de las dos plantas funciona.
En Estados Unidos, la aseguradora Seguros Confianza ya desembolsó USD 7,43 millones tras la ejecución de garantías, mientras Progen enfrenta una demanda civil en Florida. En Ecuador, la empresa tiene dos denuncias penales por estafa y delincuencia organizada, aunque las investigaciones aún no registran procesados.
El contralor general del Estado, Mauricio Torres, confirmó además que un tercer contrato con Progen está siendo investigado. Sus resultados provisionales indican posibles responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales. El informe final será emitido en enero de 2026. (10).
