El debate sobre los proyectos mineros en Ecuador continúa marcado por tensiones sociales, percepciones encontradas y una brecha informativa que influye en la aceptación o rechazo de los proyectos. Para el ingeniero Hernán Guazumba, consultor minero y ex gerente general subrogante de la Empresa Nacional Minera ENAMI-EP, uno de los mayores desafíos del país no está únicamente en la normativa o en la capacidad técnica, sino en la necesidad urgente de educar a la población sobre qué es la minería responsable.
Guazumba sostiene que las políticas públicas existen, pero requieren ser aplicadas, actualizadas y, sobre todo, acompañadas de un proceso sostenido de alfabetización minera que permita comprender la naturaleza de esta actividad, sus riesgos, sus medidas de mitigación y su aporte real al desarrollo. “Debemos comenzar a educar a nuestros jóvenes y niños para que entiendan de qué se trata la minería y cuáles son sus beneficios cuando se realiza respetando la ley”, afirmó.
En ese marco, el especialista advierte que incluso dentro de familias vinculadas al sector persisten dudas, temores y percepciones negativas relacionadas con la actividad minera, lo que evidencia una necesidad estructural de comunicación pública y transparencia.
Educación minera: una deuda para la política pública
Según Guazumba, existe un vacío evidente en la formación ciudadana sobre los proyectos mineros . Relata que, contrario a los discursos que asocian la actividad con destrucción ambiental, las universidades enseñan a los futuros ingenieros a proteger los ecosistemas, trabajar con metodologías científicas y cumplir estrictamente las regulaciones ambientales.
El consultor explica este déficit comunicacional a través de una analogía médica. Así como un doctor realiza exámenes y diagnósticos antes de intervenir, los geólogos y especialistas mineros evalúan muestras, estudian la composición de las rocas y determinan si un depósito es viable o no. “Si no es viable, el mineral se queda donde está”, puntualiza, insistiendo en que el sector opera sobre criterios técnicos y no sobre decisiones improvisadas.
Sin embargo, reconoce que la desinformación genera resistencia, especialmente en grupos opositores radicalizados que, según afirma, rechazan cualquier explicación técnica. Para Guazumba, superar ese bloqueo social implica construir confianza, socializar información y mostrar los beneficios tangibles de los proyectos formales frente a los impactos de la minería ilegal, que sí causa daños severos y comprobables.
La minería y su impacto económico en Ecuador
En un contexto de debilidad fiscal y necesidad de ingresos, el ingeniero considera que la minería formal podría convertirse en una salida sólida para mejorar las finanzas públicas, tal como ocurre en otros países de la región. Recordó que proyectos de gran escala requieren inversiones millonarias, que luego se traducen en empleo, pago de regalías, impuestos y activación productiva.
Para ilustrarlo, destacó el caso de la mina Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe, donde se han invertido más de USD 2.000 millones entre su fase de construcción y operación. Esa inversión genera miles de empleos directos e indirectos, mueve cadenas logísticas y dinamiza los negocios locales.
Guazumba menciona que ciudades cercanas a los proyectos mineros han experimentado transformaciones significativas. “Pueblos como Yanzasa pasaron de tener ferreterías pequeñas a contar con concesionarios de maquinaria pesada, estaciones de gasolina y hotelería”, explicó. Para él, este crecimiento evidencia que la minería, ejecutada formalmente, tiene un efecto multiplicador que va más allá de los empleos directos.
El desafío de la minería ilegal y la percepción pública
Aunque reconoce los avances de la minería industrial, el consultor también advierte que el país enfrenta una problemática urgente: la minería ilegal. Esta actividad, señala, causa deterioros ambientales en ríos y bosques, afecta la seguridad local y genera economías informales que desplazan a la población sin regulaciones ni garantías.
El contraste entre los proyectos regulados, como Mirador o Fruta del Norte, y las zonas con minería ilegal constituye otro punto clave que, según él, debe ser explicado a la ciudadanía para distinguir entre operaciones controladas y actividades que sí generan daños severos.
Para Guazumba, la falta de información contribuye a que sectores sociales atribuyan a la minería formal impactos que, en realidad, provienen de prácticas clandestinas. Una estrategia de comunicación pública, dice, permitiría aclarar esta diferencia y mejorar la comprensión general sobre el sector.
Clústeres mineros: una oportunidad estratégica para Ecuador
Uno de los aspectos más relevantes señalados por el ingeniero es la necesidad de crear clústeres mineros, es decir, agrupaciones productivas que integren empresas, proveedores y comunidades locales en torno a una cadena de valor común.
Actualmente, muchas compañías deben adquirir insumos en Guayaquil, Quito o incluso importarlos del extranjero debido a la falta de oferta cercana. Para Guazumba, esto representa una oportunidad perdida para el desarrollo comunitario. “Si las poblaciones se organizan con apoyo del Estado, podrían convertirse en proveedoras de insumos o servicios, generando empleo y fortaleciendo la economía local”, señaló.
El especialista recuerda que el Ministerio de Energía y Minas ya ha trabajado en propuestas iniciales con financiamiento del BID, orientadas a planificar estos clústeres. No obstante, la implementación aún requiere decisiones de política pública, coordinación institucional y estrategias orientadas al largo plazo.
Planificación estratégica: un requisito para el crecimiento minero
Guazumba enfatiza que la minería responsable no puede depender únicamente de inversiones privadas o del impulso de las empresas. Requiere una planificación estratégica nacional, con objetivos claros, cartografía minera actualizada, consulta previa debidamente estructurada y políticas públicas que eviten improvisaciones.
Insiste en que los planes están formulados, pero deben ejecutarse con mayor rigor, actualizando regulaciones donde sea necesario.
“Tenemos que comenzar a mirar la minería desde otra perspectiva”, concluye. “Así sea una sola plaza de empleo, ya es un beneficio para la población. Pero para lograr consensos necesitamos información, educación y políticas coherentes”.
Una invitación al debate informado
Señaló que la minería responsable no es un beneficio exclusivo de ingenieros ni empresas, sino una oportunidad para todos los ecuatorianos.
Guazumba reiteró que el propósito del sector es trabajar bajo estándares ambientales, generar oportunidades laborales y contribuir al desarrollo territorial. “Estamos a las órdenes para explicar lo que hacemos y lo que queremos para el país. La información es clave para construir confianza y avanzar”.
