Con 79 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que exhorta a las fuerzas políticas a respaldar las reformas constitucionales y legales orientadas a combatir la inseguridad, fortalecer el sistema de justicia y enfrentar con firmeza al crimen organizado. La decisión se adoptó durante una sesión plenaria y refleja un consenso mayoritario sobre la urgencia de impulsar cambios estructurales frente a la situación de violencia que atraviesa el país.
El pronunciamiento legislativo se enmarca en el Estado constitucional de derechos y justicia y plantea una hoja de ruta política para acompañar iniciativas normativas que permitan una respuesta más efectiva del Estado. La resolución no crea nuevas leyes, pero establece una posición institucional clara del Parlamento frente a uno de los principales problemas nacionales.
Prioridad nacional para la justicia y la seguridad
La resolución declara como prioridad nacional el fortalecimiento del Sistema de Justicia y la lucha contra el crimen organizado, destacando la necesidad de actuar dentro del marco constitucional y legal vigente. El texto aprobado enfatiza que estas acciones deben respetar los principios del Estado de derechos, sin debilitar las garantías constitucionales.
Asimismo, el Pleno expresó su respaldo a la institucionalidad del Estado y a las entidades que, en el ámbito de sus competencias, participan en la formulación, debate, aprobación y ejecución de proyectos normativos, reformas constitucionales y políticas públicas destinadas a combatir la inseguridad y reforzar el sistema judicial.
Con 79 votos afirmativos se aprueba la moción de @dianajacome, para exhortar a las fuerzas políticas de la #AsambleaEc2025 el respaldo a las reformas constitucionales y legales para combatir la inseguridad, fortalecer el sistema de justicia y enfrentar al crimen organizado. pic.twitter.com/9KhlkFHkWw
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) December 16, 2025
Notificación a las principales instituciones del Estado
Como parte de las disposiciones, la Asamblea resolvió que el texto sea notificado oficialmente a la Corte Nacional de Justicia, al Consejo de la Judicatura y a la Corte Constitucional. Estas entidades cumplen un rol clave en la administración de justicia y en el control de la constitucionalidad de las normas.
Además, el Pleno dispuso que la resolución sea puesta en conocimiento de la ciudadanía en general. Con el objetivo de transparentar la posición del Legislativo y reforzar la confianza pública en las acciones institucionales frente a la inseguridad y el crimen organizado.
Diana Jácome: pedido responde al clamor ciudadano
La proponente de la resolución, la asambleísta Diana Jácome, sostuvo que la iniciativa no responde a intereses partidistas ni de bancada, sino al clamor ciudadano. Señaló que el pedido recoge especialmente la preocupación de mujeres y madres que exigen una justicia más severa frente a las estructuras criminales.
Jácome subrayó que existe una responsabilidad legislativa de impulsar reformas estructurales al sistema de justicia que permitan a jueces y fiscales aplicar la ley con firmeza contra quienes han causado grave daño al país, evitando vacíos legales o interpretaciones que favorezcan a los delincuentes.
Crimen organizado como amenaza estructural
Durante su intervención, la legisladora enfatizó que el crimen organizado se ha convertido en el verdadero enemigo del Ecuador. Esto, al haberse infiltrado en instituciones públicas, en el sistema de justicia e incluso en las familias. Mencionó casos evidentes de funcionarios que actualmente se encuentran privados de libertad.
Añadió que estas organizaciones también captan a niños y jóvenes, lo que agrava el impacto social del problema. Aclaró que la resolución no busca dilatar el trabajo legislativo, sino demostrar que la Asamblea puede actuar de manera unida, más allá de las diferencias políticas.
Llamado a consensos y trabajo conjunto
Jácome insistió en que el país requiere diálogo, consensos y respeto entre las fuerzas políticas para alcanzar resultados concretos. En ese sentido, sostuvo que la unidad legislativa es clave para enfrentar un fenómeno que afecta a la seguridad, la economía y la convivencia social.
El debate evidenció coincidencias sobre la necesidad de respaldar reformas que permitan una acción estatal más efectiva, sin que ello implique vulnerar derechos ni debilitar el orden constitucional.
Aportes de otras bancadas durante el debate
Durante la sesión, la asambleísta Fabiola Sanmartín recalcó que se impulsan reformas legales para otorgar más herramientas al Ejecutivo, así como a jueces y fiscales. Esto, con el fin de que actúen en defensa de las víctimas y no de los delincuentes.
Por su parte, Viviana Veloz señaló que el Parlamento debe coadyuvar de manera decidida en la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico. Asimismo, con las mafias, el crimen transnacional y las extorsiones que mantienen atemorizadas a las familias ecuatorianas.
Unidad frente a un problema heredado
La asambleísta Sandra Figueroa hizo un llamado a dejar de lado las banderas partidistas y pensar de manera conjunta en la vida y el dolor de las familias afectadas por la violencia. En la misma línea, Lucía Pozo reconoció que el Gobierno heredó un grave problema estructural, especialmente en el sistema carcelario.
Pozo instó a unificar esfuerzos para enfrentar al crimen organizado, que se ha fortalecido en las calles y en las fronteras del país. Él señaló que la magnitud del problema exige una acción coordinada de todas las funciones del Estado.
