El Tribunal de Garantías Penales para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado convocó a los involucrados en el caso Triple A para reinstalar la audiencia de recusación del juez asignado. Esta diligencia se llevará a cabo hoy, lunes 27 de octubre de 2025, a las 17:15, de manera virtual mediante la plataforma Zoom. El proceso investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto a 15 personas naturales y seis empresas, por presunto tráfico ilegal de combustibles subsidiados, con un perjuicio estimado al Estado ecuatoriano superior a los 61,5 millones de dólares.
La recusación busca revisar la imparcialidad del juez Renán Andrade, quien en julio de 2025 aceptó el llamamiento a juicio solicitado por la Fiscalía General del Estado. Según la Fiscalía, los procesados utilizaron permisos irregulares y triangulaciones empresariales para desviar más de 22 millones de galones de gasolina y diésel del canal regulado hacia el mercado negro.
Antecedentes del caso Triple A
La investigación del caso Triple A inició en 2024, tras una denuncia presentada por el Gobierno Nacional ante la Fiscalía, derivada de irregularidades detectadas por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arch). En julio de 2024, se ejecutaron allanamientos simultáneos en Guayaquil y Milagro, provincia del Guayas, enfocados en el almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de derivados de hidrocarburos. Documentos fiscales revelan que empresas como Copedesa S.A., Corpalubri S.A. y Ternape Petroleum S.A., vinculadas a la familia Álvarez, facturaron volúmenes inusuales de combustible subsidiado.
Entre 2022 y 2023, los ingresos de Copedesa S.A. crecieron más del 300%, pasando de 14,4 millones de dólares a 53,2 millones, según reportes de la Superintendencia de Compañías. La Fiscalía sostiene que estos fondos se generaron mediante ventas irregulares a estaciones en zonas fronterizas mineras, como Zamora Chinchipe y El Oro, donde el diésel subsidiado se destinó indebidamente al sector industrial o naviero, violando normativas del subsidio estatal. Petroecuador, como acusador particular, calcula un desvío de al menos 2,4 millones de galones, equivalentes a unos 350.000 dólares en subsidios perdidos.
Además, en septiembre de 2025, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para Álvarez por incumplimiento de citaciones, aunque un juez optó por medidas alternativas como grillete electrónico y prohibición de salida del país.
Implicaciones del tráfico de combustibles en Ecuador
El desvío de combustibles subsidiados representa un desafío estructural en Ecuador, donde el subsidio anual supera los 3.000 millones de dólares, según datos del Ministerio de Energía y Minas.
La reinstalación de la audiencia de recusación marca un paso clave en el proceso judicial, ya que determinará si el juez Andrade continúa al frente del juicio. De confirmarse su imparcialidad, el caso avanzaría hacia la etapa de pruebas, con posibles impactos en la gestión municipal de Guayaquil.
