Según Mayorga, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ofrecen una imagen optimista pero engañosa. Aunque los indicadores muestran ligeros avances, la realidad es que seis de cada diez ecuatorianos en edad de trabajar no tienen empleo formal.
Este escenario revela una profunda desconexión entre los datos oficiales y las condiciones reales del mercado. Para el especialista, el empleo formal sigue siendo un privilegio limitado, mientras la mayoría de trabajadores se ve obligada a desempeñarse en la informalidad, sin estabilidad ni acceso a beneficios sociales.
El analista sostiene que el empleo formal dignifica a las personas y es la política pública más efectiva contra la pobreza. Sin embargo, advierte que alcanzar ese objetivo requiere una transformación estructural del entorno económico y de las normas que rigen las relaciones laborales en el país.
Las causas del desempleo: baja productividad y exceso de trabas
De acuerdo con el experto, la raíz del problema no está en la falta de voluntad de los trabajadores, sino en el entorno hostil para la productividad. Las condiciones actuales —inseguridad, escaso acceso a crédito y altos costos laborales— dificultan que las empresas puedan crear empleos sostenibles.
Mayorga plantea que la discusión pública suele centrarse en generar empleo sin atender el fondo del problema: la ausencia de actividades productivas. Sin inversión y sin incentivos, dice, no se pueden generar plazas de trabajo reales.
El economista destaca que el país necesita atraer inversión privada, fomentar el ahorro y ordenar las cuentas del Estado. Solo así, asegura, será posible impulsar la creación de empresas que generen empleos productivos y duraderos.
Crítica a los programas estatales de empleo juvenil
El abogado se refirió también a programas como “Jóvenes en Acción”, que buscan integrar a jóvenes al mercado laboral mediante actividades temporales. Considera que estas políticas, aunque bien intencionadas, no generan productividad ni bienestar sostenido.
A su criterio, se trata de medidas que maquillan las cifras del desempleo sin resolver el problema estructural. Estas iniciativas absorben recursos públicos en actividades que no crean valor agregado ni fortalecen la economía nacional.
Para Mayorga, la verdadera solución no radica en crear empleo por decreto o mediante subsidios, sino en mejorar las condiciones para que las empresas produzcan y contraten, generando valor económico real.
Costos laborales y rigidez normativa: un obstáculo para el crecimiento
Uno de los puntos más críticos del análisis de Mayorga es el alto costo laboral que enfrentan las empresas. Asegura que las leyes actuales incentivan la informalidad y desincentivan la contratación formal.
Explica que en Ecuador, el trabajador no solo recibe el salario básico, sino que el empleador debe asumir bonificaciones adicionales —como décimo tercero, décimo cuarto y fondos de reserva—, lo que encarece la relación laboral.
Esto provoca que muchas pequeñas empresas opten por contratar bajo esquemas informales o de servicios, para evitar obligaciones que no se corresponden con los niveles de productividad del empleado. Según Mayorga, esta estructura distorsiona el mercado laboral y limita la expansión de los negocios.
El salario mínimo como barrera de acceso al empleo
En su análisis, el experto calificó al salario básico unificado como una institución excluyente, ya que impide que trabajadores con baja productividad ingresen al mercado formal.
En este sentido, propone que la legislación ecuatoriana reconozca la diversidad de sectores productivos y permita esquemas flexibles que reflejen la capacidad económica real de cada empresa.
El especialista explica que la rigidez laboral es comparable a imponer la misma jornada y condiciones a todos los sectores, sin considerar diferencias de tamaño, ingresos o naturaleza de las actividades. Para las micro y pequeñas empresas, esto representa una carga insostenible.
La necesidad de flexibilizar el trabajo y actualizar el Código Laboral
Mayorga plantea que el Código de Trabajo ecuatoriano, vigente desde hace casi ocho décadas, responde a una lógica industrial, jerárquica y presencial, que no encaja con la realidad actual.
Con la expansión del teletrabajo, el trabajo remoto transfronterizo y los empleos digitales, urge una reforma laboral integral que reconozca nuevas formas de empleo y promueva la innovación.
El analista advierte que regular en exceso estos modelos sería contraproducente, pues frenaría la creatividad y la capacidad de adaptación de las empresas. Por ello, propone abrir espacios de libertad laboral, donde los trabajadores y empleadores puedan acordar condiciones sin intermediación estatal rígida.
Reforma estructural: inclusión frente a privilegios
Para el experto, la defensa de derechos laborales adquiridos solo protege a una minoría: el 34% que tiene empleo formal. El 65% restante no goza de esos beneficios, por lo que se requiere un sistema que incluya y no excluya.
Mayorga insiste en que la reforma laboral no debe eliminar derechos, sino abrir nuevos mecanismos de contratación para quienes hoy no tienen acceso al trabajo formal.
Este cambio, dice, debe darse con voluntad política y consenso social, entendiendo que los desempleados carecen de representación sindical y no tienen tiempo para movilizarse, ya que viven día a día buscando ingresos.
La productividad como clave para mejorar los salarios
El analista recordó que los salarios no se elevan por decreto, sino en función del aumento de la productividad. A su juicio, el error de muchos gobiernos ha sido creer que subir el salario básico resuelve el problema del poder adquisitivo.
Explicó que el verdadero motor del crecimiento salarial está en la inversión y la innovación tecnológica. Los países con mayor productividad —como Alemania— pagan mejores sueldos porque sus trabajadores cuentan con infraestructura, maquinaria y crédito, que les permiten producir más.
En cambio, en economías con poca inversión y bajos niveles de capitalización, como Ecuador, los trabajadores producen menos y, por tanto, ganan menos. Por ello, el analista propone abrir el país a la inversión extranjera y fomentar el crédito productivo.
Un llamado a abrir la economía y reducir trabas
Mayorga advirtió que la economía ecuatoriana mantiene una visión cerrada y proteccionista que encarece la canasta básica y restringe la competencia. Señaló que es contradictorio exigir mejores precios y salarios mientras se impide la entrada de productos extranjeros.
Sostuvo que el país debe modernizar su estructura comercial y adoptar una mentalidad del siglo XXI, basada en la competencia, la apertura y la eficiencia. Solo así, dijo, será posible generar empleos dignos y sostenibles.
El abogado considera que las narrativas laborales basadas en viejos paradigmas ideológicos deben ceder paso a una visión práctica que priorice la productividad sobre el discurso.
Reformar el sistema laboral para salvar el empleo
Finalmente, el analista reiteró que el problema del Ecuador no es el desempleo, sino la falta de condiciones para crear actividades productivas sostenibles.
Mientras no se reforme el marco laboral y se reduzcan las cargas sobre las empresas, el país seguirá atrapado en un círculo de informalidad, baja productividad y pobreza estructural.
Mayorga llamó a construir un consenso nacional que permita actualizar el Código de Trabajo, atraer inversión, y transformar la seguridad social para garantizar un sistema equitativo y viable.
El futuro del empleo formal, sostuvo, depende de decisiones políticas valientes que reconozcan la realidad del mercado y apuesten por una economía más abierta, moderna y productiva.
