En Cuenca, la Unidad Judicial rechazó el martes 21 de octubre de 2025, las medidas cautelares solicitadas por la Empresa Pública Municipal de Aseo (EMAC EP), que buscaban mantener la tasa de recolección de basura en la planilla eléctrica. El Gobierno, mediante la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, afirmó que el fallo confirma la ilegalidad del cobro y responsabilizó a la municipalidad de actualizar la ordenanza correspondiente.
Reacción del Gobierno
La ministra Inés Manzano aseguró que la justicia ratificó que no existe amenaza al servicio de recolección de basura ni al trabajo de los empleados de EMAC. Señaló que el Gobierno ha actuado con transparencia y apego a la ley, garantizando la correcta gestión de los recursos públicos.
Según Manzano, la EMAC tenía la obligación, según la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, de actualizar su ordenanza municipal y realizar estudios técnicos sobre los abonados. La entidad no cumplió esta exigencia durante más de cinco años, por lo que los convenios de cobro posteriores al 21 de enero de 2020 son ilegales.
La funcionaria recordó que la administración central no es responsable de la omisión municipal. “La sentencia deja claro que la responsabilidad recae en la EMAC EP, que debe garantizar su presupuesto y el pago de salarios de manera transparente”, señaló.
Llamado al alcalde de Cuenca
El Gobierno instó al alcalde Cristian Zamora a emitir la ordenanza que regule la tasa de recolección de basura. La ministra advirtió que cualquier omisión o incumplimiento en la prestación de servicios públicos puede generar responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Manzano subrayó que la autoridad municipal debe actuar con celeridad para evitar afectaciones en el servicio de limpieza urbana. La falta de ordenanzas actualizadas genera incertidumbre sobre los cobros y compromete la transparencia en la gestión de fondos públicos.
Contexto legal y administrativo
El cobro de la tasa de basura en la planilla eléctrica ha sido motivo de controversia en Cuenca durante los últimos años. Expertos en derecho administrativo señalan que el cobro sin ordenanza vigente carece de respaldo legal y puede ser impugnado judicialmente.
La decisión judicial se alinea con criterios establecidos por la normativa eléctrica y ambiental del país, estableciendo un precedente sobre la legalidad del cobro de servicios municipales. Autoridades recomiendan que todas las municipalidades revisen sus ordenanzas y procedimientos para evitar sanciones.
El Gobierno enfatiza que la colaboración entre instituciones es clave para garantizar la prestación de servicios públicos de forma eficiente y legal, protegiendo a los ciudadanos y asegurando la transparencia de los recursos municipales.
