La Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (CEPPINNA) de la Asamblea Nacional convocó a los comandantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, junto a los ministros de Defensa e Interior, para fiscalizar su actuación en los hechos ocurridos durante las protestas en San Miguel del Común, norte de Quito. La sesión presencial está programada para el martes 21 de octubre a las 09:00 en el Palacio Legislativo, en respuesta a denuncias de uso excesivo de fuerza que afectó a menores.
Viviana Veloz, presidenta de la CEPPINNA, anunció la citación este lunes 20 de octubre. Los convocados son los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, e Interior, John Reimberg; el comandante general de la Policía Nacional, general Pablo Vinicio Dávila Maldonado; el comandante general del Ejército, general John Eduardo Miño Razo; y el Defensor del Pueblo, César Córdova Valverde. El objetivo es esclarecer si las intervenciones durante el paro nacional expusieron a niños y adolescentes a riesgos, como gases lacrimógenos.
Denuncias por exposición de menores a gases en protestas
Los hechos en San Miguel del Común, comuna kichwa con población indígena mayoritaria, se enmarcan en el paro nacional iniciado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Las manifestaciones protestan el alza del diésel de $1,80 a $2,80 dólares por galón, además de demandas contra minería ilegal y daños ambientales en territorios ancestrales. Bloqueos en la Panamericana Norte han generado enfrentamientos.
Organizaciones sociales reportaron, desde el 18 de octubre, el uso de gases lacrimógenos cerca de escuelas y hogares, causando crisis respiratorias en niños. El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió 15 casos de intoxicación el 19 de octubre, incluyendo menores con síntomas de asfixia. Videos publicados por medios locales muestran nubes de gas afectando a familias en viviendas. La Conaie calificó estas acciones como “represión desmedida”, con al menos tres heridos por perdigones en la zona.
Historial de fiscalizaciones en paros indígenas
Ecuador ha registrado paralizaciones en los últimos años, con patrones de tensión en protestas indígenas. En 2019, contra ajustes del FMI, murieron ocho personas y resultaron heridas 1.340, con niños expuestos a agentes químicos, según la Defensoría del Pueblo. La CIDH criticó el uso desproporcionado de fuerza y exigió protocolos para menores.
El paro de 2022 dejó 25 ejecuciones reportadas y más de 100 heridos graves, incluyendo adolescentes. Normas como el Código de la Niñez prohíben gases cerca de escuelas, y Unicef ha documentado impactos psicosociales en niños durante movilizaciones.
