La Revolución Ciudadana (RC) presentó una demanda ante la Corte Constitucional para declarar una inconstitucional. Se trata de la resolución del Consejo de la Judicatura que designó a Carlos Alarcón como fiscal general subrogante. Esto en reemplazo de Wilson Toainga. La acción busca anular la resolución No. 072-2025, aprobada el 3 de octubre por los cinco nuevos vocales de la Judicatura que posicionó a Alarcón.
El correísmo argumenta que el cargo de “fiscal subrogante del subrogante” no está contemplado en la normativa ecuatoriana. Sostuvo que solo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene la facultad de nombrar a la máxima autoridad de la Fiscalía. Aquello se realiza mediante un concurso de méritos y oposición.
La Revolución Ciudadana con nuevo recurso
La demanda solicita la nulidad de la resolución y medidas cautelares para suspenderla provisionalmente. Allí se advierte que esto podría generar “daños irreparables” en la acción penal pública y la estabilidad institucional. La RC acusa a la Judicatura de violar principios constitucionales como el debido proceso. También la tutela judicial efectiva, la legalidad, la supremacía constitucional y la autonomía de la Fiscalía General.
También señalan que la resolución representa un ejercicio irregular del poder público. La Corte Constitucional aún debe decidir si admite a trámite la demanda, que presentaron legisladores de la bancada correísta. Wilson Toainga asumió la Fiscalía General como subrogante tras la renuncia de Diana Salazar. Hasta ahora, el CPCCS no ha designado un fiscal general titular, lo que ha extendido la subrogación de Toainga.
Límites legales del Consejo de la Judicatura
La resolución de la Judicatura buscaba garantizar la continuidad en la Fiscalía ante una posible ausencia de Toainga, pero ha generado controversia por su supuesta falta de fundamento legal. El caso se enmarca en un contexto de tensiones por la renovación de autoridades en instituciones clave del Estado.
La designación de los nuevos vocales de la Judicatura por la Asamblea ha intensificado el debate sobre la autonomía institucional y las competencias del CPCCS. La decisión de la Corte Constitucional podría aclarar los límites legales de la Judicatura en la designación de autoridades fiscales y establecer un precedente en la gestión de la Fiscalía General.
Este conflicto refleja los desafíos que enfrenta Ecuador en la consolidación de su institucionalidad, especialmente en la Fiscalía, un organismo clave para la persecución penal y la lucha contra la corrupción. La resolución de este caso será determinante para garantizar la estabilidad y autonomía de las funciones judiciales en el país.
