La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) emitió un comunicado este lunes 13 de octubre responsabilizando al Gobierno Nacional por cualquier acción u omisión que amenace la integridad y vulnere los derechos de las personas en comunidades y pueblos movilizados en el paro nacional.
El anuncio se produce tras las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, quien confirmó una operación del Bloque de Seguridad con alrededor de cien vehículos para abrir vías y sitiar la provincia de Imbabura durante varios días. El paro, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) desde el 22 de septiembre, responde a medidas de ajuste fiscal como la eliminación del subsidio al diésel, que elevó su precio de $1,80 a $2,80 dólares por galón.
En su mensaje, UNORCAC enfatiza que Ecuador enfrenta una grave crisis de derechos humanos en el contexto del paro nacional. Las protestas, centradas en Imbabura y otras provincias del norte, han generado bloqueos viales que afectan el abastecimiento de alimentos y medicinas. Según reportes de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, hasta el 10 de octubre se registraron 109 vulneraciones, incluyendo detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
Antecedentes del paro nacional y su impacto en derechos humanos
El Paro Nacional surgió como respuesta a políticas económicas que, según organizaciones indígenas, ignoran el desempleo, la falta de precios justos para productos agrícolas y la reducción de inversión en salud y educación. La eliminación del subsidio al diésel, decretada por el Gobierno de Daniel Noboa para reducir un gasto anual de 1.100 millones de dólares –equivalente al 1% del PIB–, detonó las movilizaciones. Además, se rechaza la expansión de proyectos extractivos, como la licencia ambiental para la mina Loma Larga en el páramo de Quimsacocha, que amenaza fuentes de agua para Cuenca y comunidades aledañas.
Desde su inicio, el paro ha dejado un saldo de al menos un fallecido , más de 100 detenidos y pérdidas económicas superiores a 42 millones de dólares, según gremios productivos. Organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han expresado preocupación por el deterioro en la protección de derechos, incluyendo detenciones arbitrarias y congelamiento de cuentas de líderes sociales.
Respuesta de UNORCAC y llamado al diálogo
Tras las declaraciones de Reimberg, quien afirmó que “esto se acaba ya” y detalló el despliegue de fuerzas militares y policiales con autoridades locales para transportar víveres, colchones y medicinas, UNORCAC reiteró su apertura al diálogo. La organización reportó conversaciones previas con delegados gubernamentales y la gobernadora de Imbabura, sin avances positivos. “Lejos de atender el clamor de las organizaciones sociales, el Gobierno Nacional sigue respondiendo con la criminalización de la protesta social, la infiltración de las organizaciones sociales y comunidades movilizadas”, indica el comunicado.
Además, se denuncian agresiones contra periodistas y comunicadores comunitarios, como ataques físicos y uso de gas lacrimógeno por la Policía Nacional durante coberturas en manifestaciones.
