La Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris (UPCCC) y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) denunciaron este miércoles 8 de octubre que las autoridades no han notificado formalmente el paradero de cinco personas detenidas el martes 7 de octubre en el cantón El Tambo, provincia de Cañar, durante protestas contra el Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel. Las organizaciones advierten que esta omisión constituye una grave vulneración del debido proceso y del derecho a la defensa, exigiendo transparencia inmediata.
En un pronunciamiento conjunto, la UPCCC y la FOA indicaron que ni las familias ni los abogados de los detenidos han recibido información oficial sobre su situación o el lugar donde se encuentran. Según rumores extraoficiales, la audiencia de flagrancia, inicialmente programada en Azogues, fue trasladada a las 10:00 en El Tambo, sin confirmación oficial. “Este ocultamiento genera incertidumbre y evidencia irregularidades en el proceso”, señalaron en su comunicado.
Detenciones y protestas en el país
Las detenciones ocurrieron en el marco de un presunto ataque a la caravana presidencial de Daniel Noboa, quien visitaba Cañar para entregar obras de alcantarillado en Sigsihuayco. Según un informe de la Policía Nacional, siete vehículos de la comitiva sufrieron daños por lanzamiento de piedras, pero no se hallaron indicios de disparos ni explosivos, contradiciendo la denuncia de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, quien afirmó que el vehículo presidencial recibió impactos de bala.
El paro nacional, liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) desde el 22 de septiembre, protesta contra el alza del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón. En Cañar, las manifestaciones han incluido bloqueos y enfrentamientos, con un saldo de 85 detenciones y 100 heridos a nivel nacional, según Amnistía Internacional. Testimonios recabados por la UPCCC indican que algunos detenidos atendían a manifestantes heridos o transitaban por la zona sin participar en las protestas.
Exigencia de transparencia y llamado a la responsabilidad
Las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades para que brinden información verificable y eviten rumores. “Los detenidos no pueden ser señalados como culpables sin audiencia ni pruebas”, afirmaron, destacando que el proceso debe respetar los derechos fundamentales. Además, exhortaron a los medios y a la ciudadanía a no difundir versiones sin sustento ni adelantar juicios.
El comunicado también cuestionó las declaraciones del Gobierno Nacional, que vinculó a los detenidos con delitos graves como terrorismo e intento de asesinato. La Fiscalía no ha confirmado detalles sobre la audiencia, mientras los retenes policiales se refuerzan en Cañar para evitar nuevos bloqueos.
