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Menores desaparecidos en el caso Las Malvinas


El fiscal Christian Fárez solicitó el auto de llamamiento a juicio contra 17 militares implicados en el caso Las Malvinas, durante la audiencia preparatoria instalada este martes 7 de octubre en Guayaquil. Esto, por la desaparición forzada de cuatro menores el 8 de diciembre de 2024. La Fiscalía busca que se ratifique la prisión preventiva para 16 de los procesados y medidas cautelares para uno. En un caso que investiga la detención ilegal y presuntas agresiones contra los menores Josué, Ismael, Nehemías y Steven.

La acusación señala a 16 militares como autores directos y a un coronel como cómplice en la detención ilegal y desaparición forzada de los adolescentes y un niño, quienes fueron aprehendidos por una patrulla militar en el sur de Guayaquil y trasladados a la zona de Taura, en Naranjal. Fárez presentó pruebas, videos y reconstrucciones que, según la Fiscalía, demuestran que los menores sufrieron agresiones, torturas y abandono en ese sector.

Evidencias de agresiones y torturas

Durante la audiencia, el fiscal detalló que los militares habrían golpeado a los menores con correas y realizado disparos cerca de sus oídos, actos que, según Fárez, no responden a un cumplimiento del deber legal, sino a una intención deliberada de causar daño. Las pruebas presentadas buscan sustentar la responsabilidad de los procesados en los delitos imputados, que han generado conmoción por involucrar a grupos de atención prioritaria.

Abraham Aguirre, abogado de la Comisión Ecumenica de Derechos Humanos (CDH), señaló que los elementos expuestos por el fiscal consolidan la teoría del caso para acreditar la responsabilidad de los 17 militares en el juicio. “Se demuestra que los 16 militares actuaron con plena conciencia y voluntad de causar daño a cuatro niños que forman parte de los grupos de atención prioritaria”, afirmó Aguirre.

Contexto del caso y prisión preventiva

El caso Las Malvinas ha puesto bajo escrutinio las acciones de las fuerzas militares en operativos de seguridad. La desaparición de los menores ocurrió tras un patrullaje en el sur de Guayaquil, una zona marcada por problemas de inseguridad. Según la Fiscalía, los menores fueron trasladados a Taura, donde se habrían perpetrado las agresiones. Actualmente, 16 de los militares implicados permanecen en prisión preventiva, mientras que un oficial enfrenta medidas cautelares.

La solicitud de Fárez para ratificar estas medidas busca garantizar que los procesados permanezcan bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. La Fiscalía ha enfatizado la gravedad de los hechos, dado que las víctimas son menores de edad, lo que agrava las imputaciones por violaciones a los derechos humanos.

Avance hacia el juicio

La audiencia preparatoria marca un paso clave en el proceso. Este, busca esclarecer las circunstancias de la desaparición de los cuatro menores y determinar las responsabilidades de los involucrados. La Fiscalía ha presentado un caso basado en evidencias audiovisuales y reconstrucciones. Según el fiscal, muestran un patrón de violencia intencional por parte de los militares.

El caso ha generado un amplio debate sobre el uso de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad y la protección de los derechos de los menores en el país. La sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, como la CDH, han exigido justicia y transparencia en el proceso. La siguiente etapa será la evaluación del pedido de llamamiento a juicio. Esto determinará si los 17 militares enfrentarán un proceso penal formal por los delitos de detención ilegal y desaparición forzada.



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