El Tribunal de la Corte Provincial de Manabí aceptó parcialmente, este lunes al mediodía, el recurso de habeas corpus presentado por diez de los quince detenidos durante las protestas en Otavalo, Imbabura. Esto ocurrió en el marco del paro nacional convocado por la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador).
Los magistrados dispusieron el traslado inmediato de siete manifestantes desde la cárcel El Rodeo, en Manabí, a la prisión de Imbabura. Además, ordenaron valoraciones médicas para tres detenidos que presentan problemas de salud. La decisión responde a la solicitud de los detenidos, trasladados a cárceles de Portoviejo y Esmeraldas tras su detención el 22 de septiembre. Argumentaron que su traslado fue arbitrario.
Resoluciones del Tribunal
La audiencia, realizada en la Sala de la Corte Provincial de Manabí, analizó las condiciones de detención de los diez manifestantes. Fueron procesados por el delito de terrorismo tras participar en las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel, decretada por el presidente Daniel Noboa. Los magistrados determinaron que el traslado de los siete detenidos a la cárcel El Rodeo no respetó la pertenencia étnica. Además, no evaluó los riesgos que enfrentan en ese centro penitenciario. También se ordenaron exámenes médicos para tres manifestantes ya trasladados a Imbabura, quienes reportan afectaciones a su salud.
Mario Ruiz Jácome, abogado de los procesados, explicó que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) no justificó el traslado de los detenidos. “Dijeron que tienen un informe de inteligencia que los señala como líderes de bandas criminales, pero ese informe nunca fue presentado. Los detenidos no tienen antecedentes penales”, afirmó Ruiz. Además, el abogado destacó que la resolución del Tribunal es un paso hacia la corrección de una medida que calificó como “ilegítima y arbitraria”.
Contexto de las detenciones
Los quince comuneros fueron detenidos el 22 de septiembre en Otavalo durante las movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en rechazo a la política económica del gobierno. La Conaie, que representa a las nacionalidades indígenas del país, ha liderado protestas contra la eliminación del subsidio al diésel. Esta es una medida que, según el Ejecutivo, busca optimizar recursos fiscales, pero ha generado descontento en sectores rurales y urbanos.
El 25 de septiembre, los detenidos fueron trasladados a las cárceles de Portoviejo y Esmeraldas, lo que generó críticas por la lejanía de sus comunidades y las condiciones de reclusión. En la audiencia de formulación de cargos, los manifestantes fueron acusados de terrorismo. Este delito podría conllevar penas de hasta 30 años de prisión, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Próximos pasos legales
Ruiz señaló que el siguiente paso es la audiencia de apelación a la prisión preventiva de doce de los detenidos, cuya fecha aún no ha sido fijada. Mientras tanto, las valoraciones médicas ordenadas por el Tribunal buscan garantizar el estado de salud de los manifestantes afectados.
El caso ha reavivado el debate sobre el uso de acusaciones de terrorismo en protestas sociales y las condiciones de detención en el sistema penitenciario ecuatoriano.
