La Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP). El máximo tribunal aclaró que la decisión no impacta los despidos en el sector público realizados bajo esta normativa.
La sentencia 52-25-IN/25 establece que la inconstitucionalidad de la LOIP se aplicará únicamente hacia el futuro, desde su publicación en el Registro Oficial, sin afectar procesos pasados.
Despidos en el sector público se mantienen vigentes
El fallo solo reconoce retroactividad en tres ámbitos: penal y ejecución de penas, niñez y adolescencia, y movilidad humana. Por ello, los despidos estatales continúan firmes.
En términos prácticos, la Corte Constitucional indicó que las desvinculaciones ejecutadas bajo la LOIP conservan plena vigencia y no serán revertidas en el sector público.
LOIP permitió recortes masivos de funcionarios
La LOIP, aprobada en 2024, reformó la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) y autorizó al Ejecutivo aplicar un plan de optimización del aparato estatal.
El Gobierno de Ecuador proyectaba un ahorro de $22,74 millones en 2026 con la supresión de miles de puestos públicos. El proceso incluyó a trabajadores de ministerios e instituciones como el IESS.
En julio pasado, la Presidencia de Ecuador anunció la desvinculación de 5.000 funcionarios con excepción de personal de salud, educación, fuerzas del orden y grupos vulnerables.
El recorte afectó principalmente a personal administrativo, en el marco de un plan de reestructuración estatal que generó debate en la opinión pública y críticas de sindicatos.
Corte Constitucional cuestionó el fondo de la ley
La Corte Constitucional concluyó que la LOIP vulneraba principios constitucionales relacionados con la unidad de materia, la publicidad y la deliberación democrática en el proceso legislativo.
No obstante, al modular los efectos de la sentencia, aclaró que la retroactividad no se aplica al ámbito laboral ni administrativo.
Reacción del Gobierno de Ecuador frente al fallo
Desde el Ejecutivo, la decisión ha provocado fuertes críticas. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, aseguró que la eliminación de la ley significa: “arrebatar a los ciudadanos las herramientas para enfrentar a las mafias, a los narcos y a los corruptos”.
La funcionaria reiteró además la necesidad de impulsar una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución del Ecuador.
