La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa aprobó con ocho votos afirmativos el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas. Esta iniciativa fue calificada como urgente en materia económica. La decisión se tomó hoy, 8 de julio de 2025, en la sede de la Asamblea Nacional en Quito, Ecuador. El proyecto busca fortalecer la gestión y protección de los espacios naturales del país.
Creación del servicio nacional de áreas protegidas
Durante la sesión, el equipo asesor de la comisión explicó los ajustes clave. Se destaca la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Este será un organismo técnico, autónomo y especializado. Su función será regular, controlar y sancionar. Operará bajo la rectoría de la Autoridad Ambiental Nacional.
También se realizaron ajustes en el modelo de gestión. La administración de fideicomisos fue modificada. Se habilitó el uso de ingresos de actividades permitidas. Además, la prohibición de actividades extractivas se fortaleció. Esta medida se aplica a todas las áreas protegidas, no solo territorios indígenas.
Seguridad y derechos comunitarios
En materia de seguridad, se garantiza el respeto al artículo 57 de la Constitución. Dicho artículo restringe el ingreso militar a territorios indígenas. Esto solo aplica en casos excepcionales como presencia de grupos armados organizados. También se incorporaron medidas para la participación efectiva de las comunidades. Se protegerán sus derechos colectivos.
Profesionalización de guardaparques y aspectos tributarios
Un eje central es la profesionalización de los guardaparques. Se implementarán programas de titulación. Estos serán en carreras técnicas y tecnológicas. Se priorizará a personas con conocimientos ancestrales. Esto busca dignificar el trabajo de quienes protegen la naturaleza.
En el ámbito tributario, el plazo para acogerse a la remisión de deudas se extendió. Ahora es hasta el 31 de diciembre de 2025. El pago inicial se redujo al diez por ciento. Los plazos de pago se extendieron hasta 24 o 36 meses. Esto depende del monto adeudado. Se excluye a autoridades electas, altos funcionarios y sus familiares. Finalmente, se armonizará esta ley con la Ley de Integridad Económica Urgente.
Valentina Centeno, presidenta de la mesa legislativa, resaltó la importancia del proyecto. Lo calificó como una gran oportunidad y ejercicio democrático. Permite a la Asamblea debatir una norma centrada en la sostenibilidad ambiental y el desarrollo local. Centeno afirmó que es un paso firme hacia la reactivación económica y el respeto al ambiente. La propuesta impulsará el turismo. Fomentará la inversión y la gestión conjunta con comunidades. Aclaró aspectos como el régimen de jubilación. Protege los derechos de servidores públicos con opciones claras.
