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El 26 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó con 77 votos la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. La norma ha generado interrogantes sobre su posible impacto en Parque Nacional Galápagos (PNG), un área protegida que constituye el corazón ambiental del archipiélago y referente mundial de conservación.
En entrevista con El Diario, desde Canaadá, donde está de gira, la ministra Inés Manzano es enfática: la ley no habilita minería dentro del PNG y, por el contrario, refuerza los mecanismos de control. Asegura que el Ministerio del Ambiente y Energía (MAE) mantiene una línea sostenida de protección estricta y que el reglamento en elaboración dejará cualquier duda jurídicamente despejada.
¿La nueva Ley permite minería dentro del Parque Nacional Galápagos?
Quiero ser enfática: dentro del Parque Nacional Galápagos no se permite ningún tipo de minería. La ley es clara en que el área protegida no puede ser intervenida. No existe ambigüedad jurídica. El MAE será categórico en hacer cumplir esta disposición, como lo ha venido haciendo con fuerza en los últimos dos años.
¿Se abre la puerta a proyectos de minería metálica o industrial en las islas?
Absolutamente no. La ley no promueve ni autoriza minería metálica ni no metálica, a pequeña, mediana o gran escala, dentro del Parque Nacional Galápagos. Tampoco abre puertas a proyectos mineros industriales.
Al contrario, la norma permitirá fortalecer el control ambiental y cerrar espacios a la informalidad. Por eso ya trabajamos en el Reglamento a la Ley, donde quedará reiterada —de manera expresa— la prohibición dentro del Parque Nacional Galápagos.
Entonces, ¿qué tipo de actividad extractiva se contempla en Galápagos?
Es importante diferenciar.
Primero: únicamente fuera del Parque Nacional Galápagos y en áreas específicas denominadas Zonas de Aprovechamiento Sustentable. Allí podrán autorizarse permisos de libre aprovechamiento de áridos y pétreos —arena, grava o piedra— bajo controles estrictos, exclusivamente para obra pública local previamente autorizada y con informes ambientales rigurosos. Es decir, primero deberá hacerse un riguroso estudio y que cumpla con el beneficio público. Es un trámite muy estricto y que tendrá varios pasos. Y no se trata, en lo absoluto, de minería comercial ni de explotación masiva.
Segundo: también fuera del PNG y dentro las mismas Zonas de Aprovechamiento Sustentable, siempre bajo control del MAE y previa autorización administrativa ambiental, podrán autorizarse permisos de aprovechamiento artesanal de áridos y pétreos. Todo esto, insisto, quedará explícitamente reiterado en el Reglamento que está en elaboración.
¿No es entonces minería comercial o explotación para exportación?
No. No es minería comercial ni está orientada a exportación. Los permisos contemplados responden exclusivamente a necesidades locales de obra pública: caminos, infraestructura municipal y requerimientos básicos de la comunidad.
Esta ley piensa en ordenar y controlar. En el caso de Galápagos, que es Patrimonio Natural de la Humanidad, existe una visión estrictamente conservacionista. De hecho, en 2025 el Ministerio prohibió todo tipo de minería en las islas, reafirmando una política clara de protección. No estamos cambiando de rumbo; estamos consolidándolo.
¿La Ley amplía derechos o competencias más allá de lo que establece la Constitución?
No. La ley no entrega nuevas competencias más allá de lo que ya establecen la Constitución y el COOTAD. Lo que hace es ordenar y regular mejor una actividad que ya existía, estableciendo reglas claras y mecanismos de control más precisos.
¿Cuál es el objetivo central del Gobierno con esta normativa?
El objetivo principal es combatir la extracción ilegal, que es la que realmente genera daños ambientales. Cuando no hay reglas claras, surgen vacíos que afectan tanto al ambiente como a las comunidades.
Nuestra responsabilidad es cuidar uno de los ecosistemas más valiosos del planeta con rigor técnico, legal y ambiental.
Cita clave con organismos mundiales
El pasado viernes, antes de partir a su gira en Canadá, la ministra Inés Manzano mantuvo una reunión técnica con representantes de organismos multilaterales, ambientalistas nacionales e internacionales para aclarar el alcance de la nueva Ley y despejar dudas sobre su aplicación en Galápagos.
En el encuentro participaron delegados de Ecociencia, Fundación Jocotoco, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fundación Futuro Latinoamericano, la Wildlife Conservation Society (WCS), la UNESCO, el World Wildlife Fund (WWF), el Global Landscape Forum (GLF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros.
