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El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió iniciar procesos disciplinarios en contra dos funcionarios de la Dirección Provincial de Manabí luego de constatar la prescripción de 13 expedientes administrativos que se seguían contra tres jueces del Tribunal de Garantías Penales de Chone. La decisión se tomó en sesión extraordinaria 025-2026 realizada el 3 de marzo.
La medida alcanza al exdirector provincial en el ámbito disciplinario, identificado como R.F.G.M., y al actual responsable de esa dependencia, J.L.M.S. El organismo determinó que las omisiones en la tramitación de los casos derivaron en la caducidad de las acciones.
Los expedientes prescritos, según la Judicatura, correspondían a sumarios abiertos por retardos injustificados en la entrega de sentencias escritas. Las investigaciones se relacionaban con procesos penales por femicidio, asesinato, homicidio, abuso sexual, violación, robo y abigeato.
Prescripción de expedientes disciplinarios en Manabí
Durante la sesión, la vocal Magali Ruiz aclaró que la pérdida de vigencia de los 13 casos no es atribuible al actual Pleno del Consejo de la Judicatura. Explicó que los hechos se originaron en gestiones previas dentro de la institución.
En la misma línea, el vocal Alfredo Cuadros señaló que las prescripciones se produjeron por omisiones atribuibles a la Dirección Provincial del CJ en Manabí, en el área disciplinaria. Añadió que esa situación motivó la apertura de los respectivos expedientes administrativos contra los responsables.
El Pleno de la Judicatura consideró que la falta de impulso oportuno en la sustanciación de los sumarios impidió que las investigaciones concluyeran dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.
La Judicatura delimita responsabilidades administrativas
Por su parte, el vocal Fabián Fabara sostuvo que la actuación del organismo se enmarca en la aplicación estricta de la ley. Reiteró que los casos mencionados corresponden a administraciones anteriores y no guardan relación con la actual gestión.
El Consejo precisó que los nuevos procesos disciplinarios buscan determinar las responsabilidades individuales por la inacción que permitió la prescripción de las causas. La normativa interna establece sanciones para los funcionarios que incumplen deberes en la tramitación de expedientes.
La resolución del Pleno de la Judicatura marca el inicio formal de los sumarios contra los dos funcionarios señalados. A partir de ahora, la instancia competente deberá sustanciar los procedimientos y garantizar el derecho a la defensa de los involucrados, conforme a las reglas del régimen disciplinario institucional.
