Las recientes medidas arancelarias impuestas entre Ecuador y Colombia, que incluyen una tasa de seguridad del 30% sobre productos importados, han generado un impacto económico significativamente mayor al esperado, afectando directamente a los ciudadanos de a pie y no al poder político, según el analista político colombiano Cristian Romero.
Estas tarifas, que buscan abordar problemas de seguridad fronteriza, han provocado un encarecimiento de alimentos e insumos industriales, perjudicando a pequeños comerciantes, transportadores y consumidores en ambos países.
Impacto Económico y Social en la Frontera
Desde la implementación de las nuevas regulaciones hace cuatro días, las consecuencias se han sentido de inmediato. Romero enfatiza que el costo de estas medidas lo paga el ciudadano común, lo que se evidencia en las protestas que no son ideológicas, sino de “supervivencia económica”.
Muchos comerciantes legales se ven empujados a la informalidad o la quiebra, una situación que, a su juicio, surge de decisiones tomadas “desde un escritorio” sin considerar el contexto real de la población.
El abogado criticó la estrategia, señalando que, si bien se entienden los contextos de violencia en la zona fronteriza, la “guerra comercial” perjudica a quienes menos deberían ser afectados.
En Colombia, los productos de la canasta familiar que se importan desde Ecuador, como el atún, camarones, azúcar, aceites vegetales, plátano, frijoles y otros granos, han visto sus precios aumentar debido al gravamen del 30%.
Por su parte, Ecuador resiente el encarecimiento de productos colombianos como café, aceites vegetales, azúcar, medicamentos y, crucialmente, la dependencia energética.
La Vía Diplomática como Solución Urgente
Romero sostiene que la medida arancelaria no era estrictamente necesaria y que la vía diplomática siempre debió ser la primera opción. Propuso una conversación directa entre los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Daniel Noboa de Ecuador, con un trabajo conjunto para combatir los grupos al margen de la ley que operan en la frontera.
Entiende que el presidente Noboa actuó ante la percepción de que Petro no prestaba suficiente atención a la situación fronteriza, buscando una respuesta económica para “llamar la atención”. Sin embargo, el analista advierte que esta estrategia está generando un “efecto contrario”.
Para el analista, la solución pasa por una visita de ambos mandatarios a la frontera, acompañada de mesas de trabajo conjuntas.
El objetivo principal sería abordar el problema de seguridad que aqueja a ambos países, sin perjudicar a la población con medidas arbitrarias.
Romero reconoce el malestar del presidente Noboa por la ineficacia de la política de “paz total” del gobierno Petro para controlar a los grupos armados ilegales en la frontera, pero insiste en que la respuesta no debe recaer sobre los ciudadanos.
Contradicción y Riesgo de Contrabando
Una de las mayores paradojas de estas medidas, según Romero, es que, al buscar reforzar la seguridad, abren la puerta al contrabando y a los mercados negros. “Cerrar un mercado es abrir un mercado negro”, afirmó.
Los altos aranceles incentivan a las personas a optar por la informalidad para evitar pagar impuestos, lo que no solo introduce productos de menor calidad y origen desconocido, sino que también beneficia a las economías criminales y pone en riesgo a los consumidores. Este escenario, que contradice el objetivo inicial de seguridad, afecta a ambos lados de la frontera.
La falta de presencia y disponibilidad de los mandatarios en las zonas fronterizas es un punto crítico. Romero lamenta que el gobierno Petro no haya buscado una reunión inmediata con Noboa para solucionar la problemática de inseguridad y el crimen transnacional.
La cooperación y operativos conjuntos son fundamentales, y la militarización, aunque costosa, no debe ser financiada a expensas de la ciudadanía.
Intervención Internacional y Desafíos para la CAN
La situación ha escalado a nivel internacional, con el presidente Petro solicitando la intercesión de Donald Trump para facilitar el diálogo con Noboa. Romero ve con buenos ojos esta iniciativa, interpretándola como una señal de mejora en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, y una disposición de Petro a abordar el narcotráfico y evitar una escalada comercial que perjudique a la población.
Las medidas arancelarias también ponen a prueba los preceptos de libre comercio de la Comunidad Andina (CAN).
Romero advierte que la CAN enfrenta una “prueba crucial”, ya que permitir que un país viole las normas sin consecuencias sentaría un precedente negativo, erosionaría la autoridad jurídica del bloque y lo convertiría en un “saludo a la bandera”.
La invocación de seguridad sin pruebas técnicas ni consultas previas podría ser vista como una excusa política, lo que podría llevar a sanciones económicas e incluso a la expulsión de países miembros.
Existe el riesgo de que esta tensión se extienda a otros gobiernos, como Perú, generando incertidumbre, ahuyentando inversiones y tensando las relaciones internacionales de Ecuador.
Margen de Maniobra y Perspectivas Futuras
A pesar de las oportunidades perdidas para el diálogo, como la coincidencia de ambos presidentes en Panamá, Romero cree que existe una disposición actual para conversar.
Considera que, aunque Ecuador es el más perjudicado por estas medidas debido a su dependencia energética y déficit comercial, el gobierno colombiano tiene más margen de maniobra para ceder sin un alto costo político.
La influencia de Estados Unidos y el contexto electoral en Colombia podrían inclinar la balanza hacia una solución diplomática, evitando una mayor escalada que solo beneficiaría a los grupos al margen de la ley y profundizaría la crisis económica en la región.
