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Nike enfrenta una investigación federal en Estados Unidos luego de que el Gobierno de Donald Trump activara un proceso judicial por presunta discriminación racial en sus políticas laborales internas.
La Administración estadounidense solicitó a un tribunal federal que obligue a la empresa deportiva a entregar documentos clave sobre sus contrataciones, despidos y programas de desarrollo profesional. El Ejecutivo sostiene que la marca habría perjudicado a trabajadores blancos mediante iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).
Investigación federal por políticas laborales
La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) confirmó que presentó una demanda para exigir información relacionada con denuncias de trato desigual dentro de Nike.
“La agencia federal ha presentado una demanda ante un tribunal federal para obligar a Nike, Inc. a presentar información relacionada con las acusaciones de discriminación contra trabajadores blancos, también como resultado de los Objetivos 2025 de Nike relacionados con la Diversidad, Equidad e Inclusión y otros objetivos relacionados con la DEI”, indicó el organismo.
La EEOC argumenta que investiga “acusaciones sistémicas de discriminación racial intencional relacionada con la DEI” y sostiene que Nike” podría haber incurrido en un patrón o práctica de trato desigual” en ascensos, despidos y programas de capacitación.
Las denuncias abarcan decisiones laborales aplicadas a empleados, postulantes y participantes blancos en iniciativas de desarrollo profesional. Según la agencia, algunos hechos se remontan a 2018, durante el primer mandato de Trump.
Nike bajo la lupa de la EEOC
La EEOC, única agencia federal autorizada para investigar violaciones a leyes contra la discriminación laboral, solicitó a Nike datos sobre criterios de despidos, uso de información racial y acceso a mentorías.
También requirió detalles sobre diez programas corporativos que, según el organismo, operarían bajo restricciones raciales. “Al no proporcionar la información solicitada en la citación, la agencia interpuso una demanda de cumplimiento ante un tribunal federal”, explicó la entidad.
“Cuando existan indicios contundentes, incluyendo admisiones corporativas en amplios materiales públicos, de que los programas de DEI de un empleador podrían violar las prohibiciones federales contra la discriminación racial u otras formas de discriminación ilegal, la EEOC tomará todas las medidas necesarias”, afirmó su presidenta, Andrea Lucas.
Lucas recalcó que el Título VII de la Ley de Derechos Civiles “no hace distinciones de color” y obliga a proteger a trabajadores “de todas las razas” frente a prácticas ilegales.
Objetivos DEI y contexto político
La presidenta de la EEOC destacó que, gracias al respaldo del presidente Trump, la agencia reforzó la aplicación imparcial de las leyes de derechos civiles en el país.
“Gracias al compromiso del presidente Trump con la aplicación de las leyes de derechos civiles de nuestro país, la EEOC ha renovado su enfoque en la aplicación imparcial del Título VII”, sostuvo Lucas.
La investigación se origina en una acusación presentada por la propia funcionaria en 2024, cuando aún ejercía como comisionada republicana. El documento señalaba que Nike habría adoptado “medidas ilegales” para construir “una fuerza laboral representativa”.
En concreto, la denuncia apunta a los Objetivos 2025 de la empresa, que buscan alcanzar un 30 % de representación de minorías raciales en cargos directivos y un 35 % en la plantilla corporativa en Estados Unidos.
Respuesta oficial de Nike
La multinacional calificó el proceso como “una escalada sorprendente e inusual”, según un comunicado enviado al sitio Bloomberg por un portavoz de Nike.
“Hemos participado de forma extensa y de buena fe en una investigación de la EEOC sobre nuestras prácticas, programas y decisiones de personal, y hemos realizado esfuerzos continuos para proporcionar información y colaborar de forma constructiva con la agencia”, aseguró la empresa.
La compañía añadió que ya compartió “miles de páginas de información y respuestas escritas detalladas” y que continúa entregando documentación adicional solicitada por la autoridad federal.
