En diálogo con Manavisión Plus, el legislador de la bancada oficialista ADN, Andrés Guschmer conversó sobre la coyuntura actual política, marcada por denuncias de intromisión en la justicia y casos de presunta corrupción que salpican a figuras de alto perfil, Guschmer desglosó la postura del bloque de Gobierno frente al juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Además, el asambleísta aborda con dureza el proceso judicial ‘Caso Triple A’ que involucra al alcalde de Guayaquil y detalla sus propuestas para democratizar las organizaciones de la economía popular y solidaria.
-Asambleísta Guschmer, el potencial juicio político a Mario Godoy ha marcado la agenda legislativa. Tanto ADN como el correísmo lo impulsan. ¿Cuáles son las razones que motivan esta postura en su bancada?
Prácticamente fue unánime la votación ante la moción de Andrés Castillo. Consideramos que es imprescindible la presencia de Mario Godoy para contestar no solo lo que los legisladores necesitamos saber, sino para que la ciudadanía conozca a fondo qué sucede en un organismo tan sensible como la justicia. El golpe a la institucionalidad por las denuncias de dominio público no puede poner tela de duda sobre el sistema. El país que Daniel Noboa quiere levantar no permite que la impunidad siga gobernando. Esperamos que su presencia sirva para abrir y descubrir qué hay detrás de cada puerta.
-Godoy ha pedido licencia y anunció que llevará “información contundente” a su defensa. ¿Lo ve como una estrategia para desviar la atención de su situación actual?
Esa es una pregunta que tendría que contestar él. La licencia y el tiempo de defensa se los permite la ley. Sus declaraciones fueron muy breves y escuetas en un video que se viralizó, pero lo importante será lo que diga en el momento en que esté presente en el hemiciclo de la Asamblea Nacional.
-Ya tuvimos el caso de Wilman Terán y ahora Mario Godoy está en el ojo del huracán. ¿Qué impacto tiene para la institucionalidad que los rectores de la justicia estén envueltos en estos escándalos?
Son golpes durísimos. Si hablamos de un país donde los grupos delictivos han crecido, no me refiero solo a los que operan en barrios, sino también a la delincuencia de traje y corbata que ha hecho mucho daño al Estado. El presidente Noboa ha manifestado que ese “viejo Ecuador”, operado por quienes buscaban el control total del poder, tiene que cambiar. El desenlace de esto será vital para construir el país que anhelamos.
-Sobre los tiempos, se ha criticado que la comparecencia de Godoy se fije para el 5 de enero (8 días de plazo desde que se dio a conocer la convocatoria). Legisladores de la Revolución Ciudadana pedían 48 horas. ¿Por qué no se aceleró el proceso?
Andrés Castillo señaló que, cuando buscamos acelerar procesos en beneficio de la gente, la Revolución Ciudadana salta diciendo que no es constitucional. Hoy, desgraciadamente para sus intereses, la ley le permitía a Godoy organizar su defensa para comparecer sin romper el debido proceso. El tema no es solo la inmediatez, sino poder preguntar, descubrir y llegar hasta el último rincón de cómo han operado los involucrados.
-Pasando a otro tema fuerte, hoy inicia la audiencia contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por el ‘Caso Triple A’. Él sostiene que es una persecución política. ¿Cuál es su lectura?
Es un caso muy grave. La investigación de la ARCH arroja indicios fuertes contra empresas representadas por Aquiles Alvarez. Señalar que es persecución política es una cortina de humo; la única persecución aquí es contra quienes rompen la ley. Esto trata de tráfico de combustible subsidiado por empresas que beneficiaron a él y a sus hermanos, y es una investigación de mucho antes de que asuma la alcaldía. No debería esconderse detrás del sillón municipal ni del “sillón de Olmedo”. El perjuicio de más de 90 millones de dólares no es solo para los guayaquileños, es para el Estado y las familias que debieron recibir ese dinero en obras.
-¿Cree que la Fiscalía ha actuado con la celeridad necesaria en este caso?
Creo que se pudo haber dilucidado hace mucho tiempo. Hubo oportunidades donde el proceso pudo avanzar, pero la defensa ha lanzado bombas de humo. Dijeron que Aquiles Alvarez tenía problemas de corazón y un marcapasos, cosa que es completamente falsa, según su propio abogado en una entrevista. Ojalá esta audiencia no se postergue por temas de salud o “las hemorroides de su equipo jurídico”, como han pretendido dilatarlo. El tráfico de combustibles es un delito gravísimo que muchas veces vincula a la minería ilegal y al narcotráfico.
-Usted impulsa una reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria. ¿Cómo garantizar que se respete la voluntad de los socios en las cooperativas y no solo la de los directivos?
Respetando plazos y lapsos. La voluntad no debe estar en la dirigencia de turno o en la “mesa chica” del directorio que toma decisiones cuando sus periodos ya han vencido. Queremos que la democracia interna sea real. Algunos asambleístas de la Revolución Ciudadana me felicitaron por el proyecto, pero como digo: “ver para creer”.
-¿Existe realmente esa apertura para trabajar entre bancadas dejando de lado las banderas políticas?
Ojalá suceda, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Hace poco, con la Ley del Deporte, asambleístas del correísmo aportaron en comisión, se incluyeron sus observaciones y al llegar al pleno votaron en contra. No son coherentes. Yo me pregunto qué le dicen a su gente en los barrios de Manabí cuando votan en contra de leyes que fortalecen la economía o la seguridad solo por consignas políticas.
-¿Ha pasado que ADN propone algo y luego no se lo aprueban por estas discrepancias?
Yo hablo por los proyectos donde he estado relacionado. Mi principal activo es mi palabra; vengo del periodismo y ahí lo que dices es lo que vale. En ADN hemos sido muy rigurosos en ser coherentes entre lo que prometemos y lo que hacemos. El principal activo de un político debe ser que la gente crea en su palabra.
-Finalmente, sobre el caso Progen, la Comisión de Transparencia concluyó que no hay responsabilidades políticas para las autoridades de Energía. ¿Cuál es su opinión sobre esta demora de seis meses para llegar a esa conclusión?
El trabajo de la comisión demuestra que somos los primeros en buscar respuestas. Necesitamos que la Fiscalía continúe con una investigación exhaustiva y que se den a conocer nombres y vínculos. El que resulte responsable debe pagar como tenga que pagar; no se puede jugar con un solo centavo de los ecuatorianos. Sobre los tiempos de la comisión, tendrían que responder ellos, pero lo importante es que se resuelva y se conozca la verdad.
