El economista Diego Donoso destacó que el CIFA, también conocido como SIPA por sus siglas en inglés, marca un punto de inflexión para la relación económica entre Ecuador y la Unión Europea. Este acuerdo, dijo, complementa el tratado comercial vigente desde 2017 y tiene como objetivo atraer inversiones responsables que fortalezcan diversos sectores productivos del país.
Actualmente, la inversión europea ronda los USD 150 millones anuales, pero la meta es superar los USD 500 millones por año gracias a un marco más transparente, con menos trámites y mayor seguridad jurídica. “El objetivo central son las inversiones responsables, sin tanta traba burocrática”, afirmó Donoso.
El acuerdo también incorpora mecanismos de mayor trazabilidad, seguimiento y control sobre procesos productivos, contratos y cumplimiento de normas vinculadas a sostenibilidad ambiental y laboral. No se trata únicamente de vender productos, sino de asegurar que toda la cadena productiva opere bajo estándares responsables.
Procesos más transparentes y normas más estrictas
Donoso explicó que el CIFA exige a Ecuador ajustar su normativa para asegurar que cada inversión y cada exportación pueda demostrar cumplimiento en sostenibilidad. “Tenemos experiencia exportando a la Unión Europea, pero ahora se solicita un paso adicional: justificar que toda actividad respeta normas ambientales, laborales y sociales”, señaló.
El economista subrayó que los cambios no serán inmediatos. Países como Angola requirieron tres años para completar sus ajustes. Para Ecuador, implicará una combinación de modificaciones legales y un cambio de mentalidad en los sectores exportadores.
Estos requerimientos no buscan limitar el lucro de las empresas, sino impedir que el crecimiento económico se produzca a costa del medio ambiente o de los trabajadores. Esto incluye garantizar condiciones laborales adecuadas, minimizar impactos ambientales y promover prácticas sostenibles en toda la cadena de valor.
Oportunidades para diversificar y crear empleo
Entre los principales beneficios del CIFA, Donoso resaltó la posibilidad de diversificar productos, ampliar mercados, dinamizar sectores exportadores y generar nuevas fuentes de empleo. Si se logra atraer mayores flujos de capital, la economía podrá expandirse en cadenas productivas tradicionales y en nuevos sectores con potencial para innovar en procesos sostenibles.
Además, los gobiernos locales podrán participar en proyectos financiados por inversiones europeas, lo que contribuiría a mejorar condiciones productivas y ambientales en zonas estratégicas del país.
El sector atunero ecuatoriano enfrenta una alerta amarilla emitida por la Unión Europea debido a problemas relacionados con trazabilidad, pesca ilegal y estándares ambientales. Consultado sobre si el CIFA podría provocar sanciones similares en otros sectores, Donoso indicó que no necesariamente.
El economista afirmó que el acuerdo no busca castigar, sino corregir prácticas subestándar mediante inversiones y asistencia técnica. “Si un sector dice ‘quiero mejorar mis procesos pero no tengo la capacidad operativa’, el SIPA puede aportar recursos para hacerlo”, explicó.
Esto permitiría fortalecer controles, modernizar infraestructura y adecuar procesos a estándares internacionales. El objetivo es garantizar tanto la continuidad de las exportaciones como el mejoramiento de las condiciones laborales y ambientales dentro de Ecuador.
Inversión como herramienta para revertir malas prácticas
Donoso señaló que varios sectores ya aplican prácticas que podrían no ser las más adecuadas para el mercado europeo o incluso para el ecosistema local. Mediante el CIFA, esos sectores podrían acceder a financiamiento que les ayude a actualizarse y cumplir con normas más exigentes.
La clave, afirmó, es que las empresas vean estas exigencias como oportunidades de desarrollo, no como una carga. Incorporar estándares de sostenibilidad podría fortalecer la competitividad del país en el mercado europeo y consolidar su imagen internacional como proveedor responsable.
En la entrevista, Donoso también analizó la aprobación de una línea de crédito condicional de USD 1.000 millones del BID destinada a modernizar el sistema eléctrico de Ecuador. Ante la preocupación habitual sobre el endeudamiento, aseguró que es importante distinguir entre fondos no reembolsables e instrumentos de crédito, los cuales deben honrarse.
Explicó que los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el BID evalúan la capacidad de pago del país antes de otorgar créditos. Por ello, insistió en que el Ecuador debe presentar datos reales y transparentes sobre su liquidez y solvencia para evitar futuras dificultades.
Si el país declara, por ejemplo, una capacidad de liquidez del 30%, debe ser capaz de sostener ese nivel en el tiempo para cumplir con sus obligaciones. La falta de precisión en esas cifras podría generar problemas en el futuro.
Crédito internacional como herramienta de desarrollo
Donoso subrayó que los créditos no deben verse como negativos por defecto. Su impacto dependerá de la correcta administración, transparencia y uso estratégico de los recursos. Si los fondos se destinan realmente a modernizar sectores críticos, pueden generar beneficios a mediano y largo plazo.
En el caso del sistema eléctrico, la meta es mejorar la estabilidad del servicio, reducir costos y garantizar su durabilidad por al menos 20 años. Además, la modernización permitirá avanzar hacia una mayor integración de energías renovables.
El economista señaló que la modernización del sistema eléctrico ecuatoriano es urgente, pues existen zonas donde la interconectividad no se ha logrado por años. Esto demanda inversión para asegurar un suministro más confiable y eficiente.
Respecto a la transición hacia energías alternativas —solar, eólica o similares— Donoso advirtió que es una medida positiva siempre que exista una socialización adecuada, una adopción real por parte de los consumidores y una provisión suficiente para garantizar la sostenibilidad del servicio.
El ejemplo europeo: transición energética con altos costos
Donoso mencionó el caso de España, uno de los países pioneros en la adopción de energías renovables, que actualmente registra algunos de los costos de servicios básicos más altos de Europa. Esto se debe a que la inversión inicial en tecnología limpia es elevada, y si el número de consumidores no es suficiente para sostenerla, los costos se encarecen.
Cuando esto ocurre, los países terminan dependiendo de subsidios para mantener operativos sistemas que no siempre son eficientes en sus primeras etapas. Por ello, Ecuador debe planificar cuidadosamente el ritmo de implementación y la cobertura de tecnologías verdes.
El acuerdo CIFA, los ajustes normativos y la modernización del sistema eléctrico representan una oportunidad para que Ecuador fortalezca su competitividad, genere empleo, mejore su infraestructura y avance hacia un modelo económico más sostenible. Sin embargo, el proceso requerirá transparencia, inversión responsable y un compromiso permanente de los sectores público y privado.
