La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional recomendó la aprobación de la Proforma Presupuestaria 2026, a pesar de proyectar un déficit de aproximadamente $5.400 millones. Esta situación ha desatado fuertes cuestionamientos sobre la capacidad del Gobierno para administrar los recursos y cumplir con la inversión social. En un espacio de entrevista de Manavisión Plus, el Asambleísta independiente, Juan Marco Gonzaga no solo cuestiona la Proforma sino que también denuncia el centralismo que afecta a las provincias amazónicas y la negligencia en la ejecución de los presupuestos por parte de varios ministerios.
-La Proforma Presupuestaria 2026 se aprobaría con un déficit de aproximadamente $5.400 millones. ¿Cuál es su lectura previa sobre este informe?
En primera instancia, creo que esta cuestión facultativa tal como enmarca la Constitución es exclusiva del presidente; él es quien administra y, por ende, quien proyecta la formulación del presupuesto. Claro, en esta determinación sí encuentras un déficit de aproximadamente $5.400 millones de dólares, lo cual sí preocupa. Estamos hablando de una proyección de aproximadamente unos $46.000 millones que va creciendo conforme la capacidad de incrementar el Producto Interno Bruto. Se está cuestionando el tema de los rubros asignados para temas de educación, salud e inversión social.
–Precisamente, ha trascendido información respecto al bajísimo nivel de ejecución presupuestaria que tienen algunos sectores. ¿Cómo se fiscaliza esta situación?
Es importante observar que, lamentablemente, dentro de las facultades constitucionales de la Asamblea está esto de aprobar u observar, no está el desaprobar. Cuando haces la labor de fiscalización y encuentras que varios ministerios o varias carteras del Estado, respecto de la asignación presupuestaria, no han ejecutado ni siquiera el 50% del presupuesto, sí preocupa esto. Si tienes un plan para la ejecución de obras y para complementar cuestiones básicas, creo que sí pone de manifiesto una especie de incompetencia.
–¿A qué atribuye esta falta de ejecución presupuestaria, que no es algo nuevo en el país?
Me parece que hay una burocratización excesiva en varias entidades del Estado, más que nada de aquellas que son centralistas. El problema es el centralismo. Los parámetros sobre los cuales se diseña la ejecución tienen que ver precisamente por la inoperancia de sistemas que se han enraizado, se han encriptado dentro de lo que significa la administración. Lo otro tiene que ver con la voluntad política, porque no puede ser que lleguemos a final de año y digamos que tengo todo el presupuesto pendiente.
–Usted indicó que debe haber una reforma al tema burocrático y a la forma de centralizar demasiado el dinero. ¿Qué tipo de reforma sugeriría para que la distribución de recursos sea equitativa y más ágil?
Creo que sí sería indispensable poner o generar, en este caso, medidas coercitivas que dentro del escenario administrativo permitan dosificar sanciones. Sanciones que de pronto podrían ser proporcionales o ir generando una especie de graduación a efectos de que se pueda presionar. Quien ejercería el control político respecto de la incompetencia debería ser, en el escenario nacional, la Asamblea Nacional, y en el contexto local, cada uno de los consejos legislativos.
–Hablemos de la Ley Amazónica, que establece la asignación de un porcentaje por cada barril de petróleo. Se habla de que más de $1.500 millones no se habrían transferido entre 2019 y 2023. ¿Dónde está el problema?
El problema está en el centralismo. A diferencia del IESS, cuando se convierte en una caja chica del Estado Central, parece que el fondo que nos compete a nosotros a través de la Ley de la Amazonía es precisamente otra caja chica del Estado. La Amazonía debería ser la zona más rica del país, al menos en números. El problema es que estos recursos no se transfieren directamente a los niveles de gobierno, sino que este fondo va al Estado Central, y de ahí el Estado Central es el que lamentablemente te va dando de a poco en poco.
–La Ley Amazónica no solo habla de presupuestos, sino también de un trato diferenciado. ¿Cree que hay un abandono total de la región?
Claro que tienen una deuda con nuestra provincia y con nuestra región, sí, por supuesto que la tienen. Esta ley no únicamente habla del tema de presupuestos, habla de un trato diferenciado en educación, en salud, en tarifas eléctricas, en movilidad aérea y movilidad terrestre. Ha habido un abandono total, y la respuesta de este abandono precisamente se dio en la consulta popular, en donde ni siquiera tenemos una carretera para generar la conectividad. Estamos sin carreteras.
–¿Cómo analiza la situación en la Asamblea luego de los resultados del referéndum del 16 de noviembre?
Creo que aquí hay una lectura del país que tiene que trascender. No se trata en este caso de que sea un voto correísta o anticorreísta o noboísta, para nada. Es un pronunciamiento de rechazo del pueblo ecuatoriano en función de las medidas, en función de cómo se está manejando el quehacer de la política desde el Ejecutivo. El rechazo me parece que es contundente, pero en relación a las medidas que tiene actualmente, en este caso, el Gobierno Nacional.
–¿Usted tendría la voluntad de trabajar junto al Gobierno en alguna reforma constitucional o legal por el bien de los ciudadanos?
Por supuesto que sí. Hay temas que deberíamos discutirlos. La idea fundamental de reformar una Constitución tiene que partir primero de una identidad de la problemática, segundo, un gran diálogo nacional, y tercero, una concertación de fuerzas políticas. Pero el mecanismo no siempre era el de reformar una Constitución. Hay temas que sí, no necesariamente tenemos que llegar a la Constitución o hacer una reforma parcial; me parece que más bien la adecuación está en las normas infraconstitucionales.
La entrevista completa se puede visualizar en las plataformas digitales de Manavisión Plus.
