El 29 de octubre de 2025, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) acordó contratar un equipo técnico especializado para apoyar los procesos de designación de autoridades atrasados, con el objetivo de mejorar la eficiencia institucional y garantizar criterios técnicos en los concursos.
Contexto institucional y decisión del pleno
Con cinco votos a favor, una abstención y una ausencia, el Pleno del Cpccs aprobó la contratación de asesores externos en sesión extraordinaria. La medida responde a los retrasos en los concursos de designación que enfrenta el organismo.
El presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, explicó que los despachos internos han sufrido limitaciones de personal que han ralentizado procesos importantes. Según Fantoni, el nuevo equipo técnico permitirá “fortalecer la gestión y asegurar la transparencia en cada uno de los procesos de designación”.
No obstante, Fantoni no detalló el presupuesto, ni los perfiles ni las funciones específicas que deberá cumplir ese cuerpo técnico. Esta falta de precisión ha motivado cuestionamientos sobre la viabilidad operativa de la decisión.
Críticas y cuestionamientos legales
Durante la votación, la consejera Nicole Bonifaz se abstuvo. Argumentó que, según la Ley del Cpccs, la competencia para las contrataciones corresponde exclusivamente a la Presidencia del organismo, por lo que consideró que el Pleno podría estar actuando fuera de sus atribuciones.
También se emitió un informe de la Asesoría Jurídica que avala la contratación por servicios profesionales, considerando las limitaciones presupuestarias y de personal de la institución. Esto sugiere que el respaldo legal ya existe internamente.
Algunos críticos señalan que esta decisión podría trasladar la carga política hacia externos y diluir responsabilidades internas. Otros opinan que la medida es inusual, pero necesaria ante el estancamiento de los concursos.
Procesos pendientes y retos institucionales
El Cpccs enfrenta la tarea de designar autoridades para varios organismos estatales mediante concursos. Entre ellos figuran el Fiscal General del Estado y miembros del Consejo Nacional Electoral. Estos procedimientos se encuentran en diferentes fases de impugnación o selección técnica.
Por ejemplo, en septiembre de 2025, el Cpccs aprobó un informe de reconsideración que permitió que 42 postulantes continuaran en el concurso para conformar la Comisión Ciudadana de Selección del Fiscal General.
Las reformas al Reglamento de Comisiones Ciudadanas también están en trámite. Se busca limitar los plazos y acelerar la integración de comisiones, para evitar dilaciones. Fantoni atribuye los retrasos a salidas de consejeros y vacíos en la normativa.
Sin embargo, analistas sostienen que detrás de estos obstáculos hay también factores políticos. Para ellos, las demoras responden a intereses de control en los nombramientos.
Consideraciones clave y posibles efectos
La decisión del Cpccs responde a una necesidad institucional urgente. Si bien la contratación de asesores externos genera dudas sobre legitimidad y competencias internas, también podría acelerar procesos esenciales para el funcionamiento del Estado.
El éxito dependerá de una definición clara de las funciones, perfiles, plazos y montos del equipo técnico. Además, será fundamental que el órgano rinda cuentas del uso del recurso y del impacto de esa intervención externa en los concursos.
El Cpccs entra ahora en una fase crítica: deberá demostrar que este salto operativo traerá resultados concretos, sin sacrificar la transparencia ni desviar responsabilidades institucionales.
