La Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo de la Judicatura (CJ) condenaron este 22 de octubre de 2025 el ataque armado ocurrido en Orellana, en el que resultó herida una persona y que tuvo como objetivo a Samantha Lozada, directora provincial del CJ.
Las instituciones exigieron una investigación inmediata para identificar a los responsables y reforzar la seguridad de los servidores judiciales en todo el país.
Rechazo institucional y solidaridad con la funcionaria
El Consejo de la Judicatura expresó un rechazo “enérgico” al atentado armado registrado en horas de la mañana. En un comunicado oficial, la entidad calificó el hecho como un grave atentado contra la integridad personal de la funcionaria y una amenaza directa a la institucionalidad del sistema judicial ecuatoriano.
El organismo informó que se activaron acciones inmediatas con la Policía Nacional y la Fiscalía para realizar una investigación rigurosa que permita esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de Samantha Lozada.
El comandante de Policía de Orellana, Edwin Campoverde, confirmó que el ataque ocurrió en la vía principal de Francisco de Orellana (Coca) y que la directora se encuentra “a buen recaudo”. Según reportes preliminares, una persona resultó herida durante el ataque armado.
Corte Nacional exige respuesta rápida y efectiva
La Corte Nacional de Justicia también condenó el atentado y manifestó su solidaridad con la directora Lozada Zambrano. En su pronunciamiento, la CNJ sostuvo que el hecho constituye un ataque contra los principios esenciales del Estado de derecho y llamó a las autoridades competentes a actuar con celeridad y transparencia.
El organismo exhortó a garantizar la seguridad de todos los servidores judiciales, recordando que su protección es indispensable para preservar la independencia judicial y el correcto funcionamiento del sistema de justicia.
Asimismo, reiteró que ninguna forma de violencia o intimidación puede usarse contra quienes cumplen su deber en la administración de justicia.
Contexto y medidas de protección
En los últimos meses, el Consejo de la Judicatura ha reportado un aumento de amenazas y agresiones contra funcionarios judiciales en diversas provincias. Estas situaciones, según la entidad, ponen en riesgo la operatividad de los tribunales y la seguridad institucional.
Por ello, el CJ anunció que fortalecerá sus protocolos internos de prevención y protección en coordinación con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
La CNJ y el CJ coincidieron en que la seguridad de los servidores judiciales es esencial para garantizar un sistema libre de presiones y enfocado en la aplicación imparcial de la ley.
Ambas instituciones reiteraron su compromiso con la defensa del Estado de derecho y con la búsqueda de justicia en este caso. Las investigaciones continúan bajo la dirección de la Fiscalía Provincial de Orellana, con el apoyo de unidades especializadas en criminalística y seguridad.
