El paro convocado por movimientos indígenas en Ecuador cumplió este martes 21 de octubre, 29 días de duración. Dichas jornadas han estado marcadas por bloqueos viales en cuatro provincias y un saldo de enfrentamientos y detenciones. En cuanto a las pérdidas económicas se estiman que alcanzan al menos USD 80 millones. La protesta, liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), surgió el 22 de septiembre.
Esto se dio en respuesta a la eliminación del subsidio al diésel decretada por el Gobierno Nacional a mediados de ese mes. Las manifestaciones se han congregado en Imbabura, donde se han dado las manifestaciones más intensas. Los cierres de carreteras persisten en Loja, Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, afectando el transporte de bienes y el abastecimiento de comunidades.
Paro en Ecuador inició con bloqueo de vías
Hasta el lunes 20 de octubre, se registraban al menos 15 puntos de bloqueo, principalmente en la Sierra norte. En Quito, el norte de la capital en San Miguel del Común vio enfrentamientos el 19 de octubre entre manifestantes y policías. No obstante, una semana antes, el 12 de octubre, la ciudad registró cinco horas de choques en el sur y norte para dispersar protestas. Otros incidentes ocurrieron durante el paso de un convoy desde Quito hacia Imbabura para entregar víveres.
En la provincia de Cañar, manifestantes lanzaron piedras contra la caravana presidencial. El Gobierno, encabezado por el presidente Daniel Noboa, trasladó temporalmente su sede a Cotopaxi ante las advertencias iniciales de la Conaie. Las protestas iniciaron con bloqueos improvisados usando troncos y montículos de tierra. Sin embargo las tensiones escalaron rápidamente a confrontaciones con policías y militares que intentaban despejar las vías.
Varios detenidos acusados de terrorismo
Juan Rivadeneira, analista político, describió este paro de 2025 como atípico comparado con los tradicionales de 2019 y 2022, por su concentración en la Sierra norte. «No se negocia con una sola organización; ahora son distintos líderes que buscan ser parte del diálogo, reflejando divisiones en el sector indígena», explicó Rivadeneira en diálogo con Ecuavisa.
En cuanto a las consecuencias humanas, la Policía Nacional reporta 141 detenciones hasta la fecha, incluyendo extranjeros de Argentina, España, Colombia y Venezuela. De estos, 58 quedaron en libertad, 52 recibieron medidas sustitutivas y 24 enfrentan prisión preventiva, entre ellos once de Otavalo acusados de terrorismo.
La Alianza de Derechos Humanos, integrada por 15 organizaciones, contabilizó 282 heridos, 346 vulneraciones a derechos y una persona fallecida en el marco de las protestas. Económicamente, el impacto del paro en Ecuador supera los 80 millones de dólares, según datos de la Cámara de Industrias y Producción (CIP). David Guevara, presidente de la Cámara de Comercio de Antonio Ante estimó pérdidas adicionales de 8 millones en el sector textil.
Dos paros con pérdidas millonarias
Dichas pérdidas se contabilizaron únicamente durante el feriado del 9 de octubre, debido a la ausencia de turistas y retrasos en entregas a cadenas comerciales. Estas cifras se suman a las secuelas de movilizaciones previas en 2019 y 2022, que superaron los 1.000 millones en daños acumulados, dejando a los empresarios con dificultades para recuperarse hasta 2023. Los intentos de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones indígenas han fracasado repetidamente.
El 14 de octubre, Zaida Rovira, ministra de Gobierno, admitió en el programa Contacto Directo que las mesas de negociación no habían avanzado. Aquello ante un despliegue masivo de fuerzas de seguridad en Imbabura para despejar vías. Al día siguiente, el Ejecutivo anunció un acuerdo para finalizar el paro y programar diálogos el 20 de octubre, pero las organizaciones lo desconocieron, manteniendo los bloqueos.
No se dieron las mesas de diálogo
El 19 de octubre, la vía Panamericana Norte se cerró nuevamente, desencadenando choques en Quito. Esa noche, el Ministerio de Gobierno canceló las mesas. El lunes 20 de octubre, no hubo avances. El ministro del Interior, John Reimberg, culpó a las organizaciones indígenas por la falta de diálogo y advirtió que «a partir de ahora, cualquier cosa que pase en el contexto del paro nacional será responsabilidad de ellos».
La Conaie, por su parte, acusó al Gobierno de obstruir el proceso. Inicialmente centrado en revertir la eliminación del subsidio al diésel, el paro ha ampliado sus demandas: reducción del IVA al 12%, reparaciones para afectados por protestas pasadas y elevación del salario básico unificado a 650 dólares. Estas reivindicaciones reflejan tensiones estructurales en Ecuador, donde subsidios energéticos y desigualdades económicas han impulsado movimientos sociales recurrentes.
