La Fiscalía General del Estado investiga a 48 personas por cuatro delitos –terrorismo, paralización de servicio público, ataque o resistencia y lesiones– tras las detenciones realizadas durante el reciente paro nacional 2025. Este fue convocado en respuesta a la eliminación del subsidio al diésel anunciada por el presidente Daniel Noboa el 12 de septiembre. Las protestas, que se intensificaron desde el 15 de septiembre, han generado 24 casos penales en cinco provincias de Ecuador.
Detenciones en Carchi y acuerdos con transportistas
Entre el 15 y el 17 de septiembre, 11 personas vinculadas al transporte pesado fueron detenidas en Tulcán y Montúfar (Carchi) por paralización de servicio público. Este es un delito con penas de uno a tres años de cárcel. Además, el Gobierno negoció con este sector, logrando el cese de las manifestaciones. Los procesados recibieron medidas alternativas. Quedaron en libertad mientras aguardan juicio.
El 18 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) convocó un paro nacional desde Riobamba (Chimborazo), desencadenando 37 detenciones adicionales en cinco provincias. La Fiscalía abrió 18 casos por paralización de servicio público, tres por ataque o resistencia, dos por terrorismo y uno por lesiones. Los días 23 y 24 de septiembre, con 33 procesados, registraron el mayor número de casos.
Casos de terrorismo en Imbabura y Chimborazo
De los 48 investigados, 17 enfrentan cargos por terrorismo. De ellos, 13 fueron detenidos en Otavalo (Imbabura) por ataques al Comando de Policía y a la Policía Judicial, donde se incendiaron vehículos policiales y civiles. Entre ellos, dos venezolanos, Berny Jonathan A. A. y William Andrés R. L., fueron señalados por el Gobierno como ingresantes irregulares. Ellos están presuntamente vinculados al Tren de Aragua. A pesar de esto, la Fiscalía no incluyó esta teoría en el proceso penal.
En Riobamba, cuatro venezolanos fueron procesados por terrorismo, robo, secuestro y tráfico ilícito de sustancias. Esto ocurrió tras el robo de un camión con 50 tanques de gas. Durante el paro mencionado, el ministro del Interior, John Reimberg, sugirió que el gas podría usarse para atentados.
Acusaciones de abuso policial en Quito
En Quito, cuatro personas son investigadas por ataque o resistencia tras detenciones el 23 de septiembre. Sin embargo, la Fiscalía admitió ante la justicia la falta de indicios suficientes, manteniendo los casos en investigación previa y liberando a los acusados.
En uno de los casos, que involucra a tres personas, el Ministerio Público solicitó que la Dirección de Asuntos Internos de la Policía investigue posibles excesos policiales. Esto pasó tras la difusión de un video que muestra a un agente rociando gas pimienta directamente en la boca de un manifestante. El manifestante intentaba identificarse tras su captura.
Contexto de las protestas
La eliminación del subsidio al diésel, medida adoptada para enfrentar la crisis económica, desató una ola de protestas. Esta situación evidenció tensiones entre el Gobierno y sectores sociales como los transportistas y la Conaie. El reciente paro reflejó detenciones y procesos penales en un intento de las autoridades por controlar las manifestaciones. Mientras tanto, surgen cuestionamientos sobre el uso de la fuerza policial.
El paro nacional de 2025 continúa generando debate sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y las medidas económicas del gobierno.
