La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) denunció este miércoles 24 de septiembre de 2025 que el Gobierno Nacional mantiene una deuda de 543,71 millones con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, afectando obras, servicios básicos y pagos a trabajadores en todo el país.
Deuda acumulada y su origen
Según la AME, los valores corresponden a tres cuotas pendientes del Modelo de Equidad Territorial (MET), así como a recursos por concepto de IVA, patrimonio y la Ley 047. La organización asegura que este retraso asfixia las finanzas locales y obstaculiza la ejecución de proyectos y la operación de los municipios.
Los pagos adeudados son predecibles y automáticos, no dependen de la discrecionalidad del Ejecutivo. Por tanto, su incumplimiento constituye una vulneración a la normativa constitucional vigente, recalcaron las autoridades municipales.
Además, la AME señaló que mientras el Gobierno ha desembolsado más de USD 300 millones en bonos y compensaciones por la eliminación del subsidio al diésel, los municipios no han recibido recursos recientes, generando una evidente desigualdad en la distribución de fondos públicos.
Reclamo frente a la política fiscal
El comunicado de la AME cuestiona la política fiscal del Ejecutivo y exige que las alícuotas mensuales, que alcanzan USD 178,18 millones, se entreguen sin recortes. “No aceptaremos más excusas ni anuncios a favor de decisiones que no se conectan con la realidad, mientras las alcaldías paralizan proyectos y frenan servicios”, enfatizó la organización.
La asociación espera que el Ministerio de Economía y Finanzas emita en los próximos días un nuevo Acuerdo Ministerial para el periodo septiembre-diciembre que permita regularizar las transferencias y garantizar el funcionamiento de los cantones.
Mientras tanto, los municipios advierten que la falta de recursos genera retrasos en obras, frena inversión local y afecta directamente a los servicios básicos que dependen de los GAD.
Impacto en los territorios
Los municipios afirmaron que la deuda impaga limita la planificación de proyectos esenciales, como mantenimiento de infraestructura, salud, educación y seguridad. “Los recursos municipales son un derecho constitucional y deben ser entregados ya, completos y sin condiciones”, concluyó la AME.
Expertos en finanzas locales indican que la ausencia de estos fondos puede provocar un efecto en cadena en la economía de los cantones, afectando a trabajadores, proveedores y familias que dependen de los servicios públicos.
