En Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, fue el escenario de dos movilizaciones simultáneas. Una fue convocada por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) en el marco de un paro nacional indefinido contra la eliminación del subsidio al diésel. Otra fue en apoyo al Gobierno del presidente Daniel Noboa, quien trasladó la semana pasada la sede temporal del Ejecutivo a esta ciudad. Las protestas reflejan la polarización en torno al Decreto Ejecutivo 126. Este decreto eliminó el subsidio, impactando a las familias ecuatorianas.
El MICC se concentró en el sector de La Estación. Mientras tanto, el Gobierno cerró la avenida Unidad Nacional para garantizar la marcha oficialista. Numerosos ciudadanos asistieron en respaldo a Noboa. La decisión de trasladar la sede del Ejecutivo a Latacunga fue interpretada por el MICC como un acto de desafío frente a las protestas indígenas. Esto ocurre en un contexto de creciente tensión por la crisis carcelaria y de seguridad en el país.
MICC rechaza decreto y acusa al Gobierno
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi emitió un pronunciamiento este lunes 22 de septiembre. Calificaron el Decreto Ejecutivo 126 como un “atentado contra el bolsillo de las familias ecuatorianas”. La organización denunció que el Gobierno, en lugar de atender la crisis de seguridad y el descontrol en las cárceles, promueve contramarchas para desviar la atención. “Cotopaxi ha sido históricamente una provincia que sostiene con dignidad el legítimo derecho a la resistencia”, señaló el MICC. Destacaron el traslado de la sede gubernamental como una provocación.
El MICC también acusó al Ejecutivo de convocar a funcionarios y seguidores a una contramarcha. Cuestionaron si estos serán tratados con la misma severidad que los manifestantes indígenas. El Gobierno ha calificado a estos como “terroristas” y amenazado con penas de hasta 30 años de prisión. “¿Acaso para ellos no existe la ley?”, preguntó la organización en su comunicado. Exigieron igualdad en el trato a las movilizaciones.
Crisis carcelaria y seguridad en segundo plano
La organización indígena denunció que el Gobierno destina recursos de la fuerza pública a reprimir a los manifestantes. Esto ocurre en lugar de combatir la delincuencia y resolver la crisis carcelaria. Según el MICC, esta priorización refleja una estrategia de “show y marketing político” para proyectar una imagen de apoyo popular. Mientras tanto, se criminaliza a los sectores movilizados. La situación en Latacunga pone en evidencia las tensiones entre el Ejecutivo y los movimientos sociales, en un momento crítico para el país.
El MICC hizo un llamado a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU, para que vigilen la situación en Ecuador. “Mientras al pueblo se lo reprime, persigue y criminaliza, a los funcionarios del gobierno se les asegura transporte, alimentación y sueldos”, afirmó el movimiento. Ellos alertan sobre un posible régimen autoritario.
Contexto de Polarización Nacional
Las movilizaciones en Latacunga se producen en un contexto de creciente descontento por las políticas económicas del Gobierno, especialmente la eliminación del subsidio al diésel. Esto ha encarecido los costos de transporte y producción.
Cotopaxi, históricamente un bastión de resistencia indígena, se convierte nuevamente en epicentro de protestas. Mientras el Ejecutivo busca consolidar su apoyo, enfrentan críticas por la inseguridad y la crisis penitenciaria.El desarrollo de estas marchas simultáneas refleja la división en la sociedad ecuatoriana. Además, el Gobierno enfrenta el desafío de equilibrar sus políticas económicas con las demandas sociales.
