La sanción, dictada este lunes 22 de septiembre, podría haber sido más severa, incluyendo la suspensión de derechos políticos o la destitución del cargo, pero el TCE optó por una multa económica.
El prefecto de Azuay, Juan Cristóbal ‘Jota’ Lloret, recibió una sanción del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Fue por realizar proselitismo político a favor de Luisa González, excandidata presidencial de Revolución Ciudadana en las elecciones de 2023. La multa asciende a USD 4.700, equivalente a 10 salarios básicos unificados. Esto se produjo tras una denuncia presentada por el exconsejero de Participación Ciudadana, Juan Guarderas, quien acusó a Lloret de promover la candidatura de González en contravención de la normativa electoral.
Denuncia de Guarderas y contexto de la sanción
La denuncia de Guarderas, exconsejero destituido por la bancada correísta en el período anterior, se basó en el artículo 219 del Código de la Democracia, que prohíbe a funcionarios públicos realizar actividades de proselitismo. Según la acusación, Lloret utilizó su posición como prefecto para favorecer la campaña de González, lo que constituye una infracción electoral.
El TCE evaluó pruebas documentales y testimoniales para determinar la responsabilidad de Lloret. La resolución refleja el compromiso del tribunal con la fiscalización de la neutralidad en procesos electorales, un aspecto clave para garantizar la equidad entre candidatos.
Otros casos similares y efectos en Revolución Ciudadana
Guarderas ha presentado denuncias similares contra otras figuras públicas. Ha logrado sanciones contra la exvicepresidenta Verónica Abad (USD 9.400) y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz (USD 9.200), por hechos comparables. Estas multas han limitado la participación de autoridades locales de Revolución Ciudadana en la campaña presidencial de 2023, según analistas.
El 21 de septiembre, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, también fue multado por proselitismo y ofreció disculpas públicas. Estos casos evidencian un mayor escrutinio del TCE hacia las actividades políticas de funcionarios durante procesos electorales.
Implicaciones legales y neutralidad electoral
La sanción a Lloret no implica su destitución ni la pérdida de derechos políticos, por lo que continuará como prefecto del Azuay. Sin embargo, el caso resalta los límites legales que enfrentan los funcionarios públicos en actividades políticas. Esto refuerza la aplicación del Código de la Democracia en Ecuador.
El historial de Guarderas como denunciante ha generado debate, dado su conflicto previo con Revolución Ciudadana. No obstante, las resoluciones del TCE se han basado en evidencia, consolidando la vigilancia sobre la conducta de las autoridades públicas.
Supervisión y cumplimiento de la multa
El TCE supervisará el cumplimiento de la multa impuesta a Lloret, quien aún no ha emitido declaraciones públicas sobre la sanción. El pago deberá realizarse dentro de los plazos establecidos para evitar consecuencias adicionales, como medidas administrativas o legales.
Este caso subraya la importancia de la neutralidad en el ejercicio de cargos públicos. Además, destaca el rol del TCE en la protección de la transparencia electoral. La fiscalización de estas conductas continuará siendo un pilar en los procesos democráticos de Ecuador, especialmente de cara a futuros comicios.
