Diez organizaciones internacionales de derechos humanos y sociedad civil expresaron este lunes su preocupación por el “clima de hostigamiento y presión” que enfrenta la Corte Constitucional de Ecuador, en el contexto de la propuesta del presidente Daniel Noboa para convocar una Asamblea Constituyente. El pronunciamiento surge tras una falsa alarma de bomba que obligó a evacuar el edificio de la Corte el viernes 19 de septiembre, mientras los jueces deliberaban sobre la posible suspensión del decreto presidencial que busca iniciar el proceso constituyente.
Las organizaciones, entre las que se encuentran Amazon Watch, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), destacaron que la falsa alarma no es un hecho aislado. Señalaron que la Corte ha enfrentado una serie de eventos adversos, incluyendo una marcha encabezada por ministros y el propio presidente Noboa en respuesta a la suspensión de artículos de leyes impulsadas por el Gobierno. Este contexto se agrava con campañas de estigmatización pública contra los jueces y la reducción de medidas de seguridad previamente otorgadas a los magistrados.
Llamado a la Comunidad Internacional
En su comunicado, las ONG instaron a la comunidad internacional, incluidas misiones diplomáticas, organismos multilaterales y mecanismos de protección de derechos humanos, a vigilar de cerca la situación en Ecuador. “Hacemos un llamado a los presidentes y altas autoridades, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que se pronuncien frente a las amenazas a la independencia judicial”, indica el documento. Las organizaciones también pidieron respaldo a la sociedad civil ecuatoriana en la defensa de los derechos fundamentales.
El pronunciamiento resalta que los recientes acontecimientos representan un riesgo para la independencia judicial en el país. Las ONG firmantes, que incluyen a la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Robert F. Kennedy Human Rights, subrayaron que el hostigamiento a la Corte Constitucional amenaza el estado de derecho y el equilibrio de poderes en Ecuador, especialmente en un momento en que el país enfrenta debates sobre una posible reforma constitucional.
Contexto de tensiones políticas
La falsa alarma de bomba del 19 de septiembre ocurrió mientras la Corte Constitucional evaluaba el Decreto Ejecutivo emitido por Noboa. Este busca convocar una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna. Este proceso ha generado tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial. Por ello, la Corte ha suspendido anteriormente artículos de leyes promovidas por el Gobierno. Lo que motivó críticas públicas y una marcha oficialista contra los jueces.
Según las ONG, estas acciones, junto con la estigmatización y la reducción de medidas de seguridad, buscan presionar a los magistrados en sus decisiones.Las organizaciones firmantes, como Amazon Frontlines y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), recordaron que la independencia judicial es un pilar fundamental de la democracia. Advirtieron que los ataques a la Corte Constitucional podrían sentar un precedente peligroso para el respeto de los derechos humanos. Y el funcionamiento de las instituciones en Ecuador.
Reclamo por la seguridad y el Estado de Derecho
El comunicado también destaca la necesidad de proteger a los jueces constitucionales frente a las crecientes amenazas. Las ONG denunciaron que la estigmatización pública, combinada con la falta de seguridad, pone en riesgo la integridad de los magistrados. Además, compromete su capacidad para actuar con imparcialidad. En este sentido, instaron a la comunidad internacional a pronunciarse y a garantizar un seguimiento riguroso de la situación.
La situación en Ecuador se desarrolla en un contexto de polarización política. Donde el debate sobre la Asamblea Constituyente ha intensificado las fricciones entre el Gobierno y otros poderes del Estado. Las organizaciones internacionales reiteraron su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Además, pidieron a las autoridades ecuatorianas garantizar un entorno seguro y libre de presiones para la Corte Constitucional.
