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John Reimberg, ministro del Interior vincula protestas violentas en Imbabura con “economías criminales”


El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que los hechos violentos registrados este lunes en la provincia de Imbabura están financiados por economías criminales como el contrabando de combustibles, la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de armas. “Quieren generar caos porque afecta directamente a sus economías criminales. Pero no vamos a permitirlo: actuamos con firmeza y en el marco de la ley”, recalcó el ministro Reimberg.

Según el funcionario, el deber del Gobierno es proteger a los ciudadanos y garantizar el comercio, por lo que se actuará con determinación. “En Ecuador manda la ley, no la delincuencia”, sentenció.

John Reimberg habló tras ataque a comando policial en Otavalo

Las declaraciones del ministro se dan en el contexto de una jornada de alta tensión, cuyo punto más crítico fue un ataque al Comando de Policía de Otavalo. Un comunicado oficial de la Policía Nacional informó que en el lugar se encontraban aproximadamente 1,000 manifestantes, quienes, mediante lo que la institución calificó como “acciones terroristas”, ocasionaron daños materiales significativos a las instalaciones, motocicletas y vehículos policiales y particulares.

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Como consecuencia de estos hechos violentos, dos servidores policiales resultaron heridos. La Policía rechazó categóricamente los actos, afirmando que pretenden “sembrar el caos y el terror en la comunidad”.

Respuesta y control en la provincia

Para contener la situación en la región, el ministro Reimberg confirmó que se enviaron refuerzos policiales a Imbabura, donde se registraron varios intentos de bloqueo. Además, informó que personal y maquinaria ya trabajan en la apertura de vías principales y secundarias.

Como parte del operativo, se han registrado detenciones por agresiones directas contra miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. A pesar de la firmeza en la respuesta, la Policía Nacional hizo “un llamado a la calma y al diálogo, como la única vía legítima para expresar demandas y resolver conflictos”. La institución se comprometió a continuar actuando en Otavalo para restablecer el orden, con “respeto irrestricto a los derechos humanos”.

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