El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, afrontará una audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el próximo 17 de septiembre. El proceso responde a una denuncia por presunto proselitismo político presentada por Juan Esteban Guarderas, exconsejero de Participación Ciudadana.
Guarderas acusa al burgomaestre de incitar a sus seguidores a respaldar a Luisa González durante las elecciones presidenciales pasadas. Según la denuncia, utilizando su cargo, Aquiles Álvarez influyó en el electorado de manera indebida.
Denuncia contra Aquiles Álvarez por proselitismo político
El denunciante citó una publicación del alcalde en la red social X. En ella, Álvarez expresó: “Mañana llenen la 9… reviéntenla, así como deben reventar el domingo al que sabemos“. El mensaje circuló el 10 de abril, previo al cierre de campaña de la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana.
La relación política entre Álvarez y González ya había sido señalada por analistas, pues la aspirante presidencial recibió respaldo del alcalde durante su campaña en Guayaquil. Para Guarderas, ese apoyo configuró una clara violación a la normativa electoral vigente por parte de Aquiles Álvarez.
Pericias y pruebas en la audiencia del Tribunal Electoral
Durante la audiencia de prueba oral y alegatos, se presentarán tres pericias solicitadas por el denunciante: Informática Forense, Identidad Humana y Opinión Pública. Estos elementos buscan demostrar la responsabilidad directa de Álvarez en una supuesta infracción electoral.
El Tribunal Contencioso Electoral deberá valorar estas pruebas para establecer si existió inducción al voto. Según el Código de la Democracia, este tipo de infracciones pueden tener consecuencias administrativas y políticas significativas.
Defensa de Aquiles Álvarez y posibles sanciones
El abogado de Álvarez, Ramiro García, calificó el proceso como “demencial”. Aseguró que el tuit no menciona a ningún candidato de manera explícita, por lo que no existiría evidencia de proselitismo de parte de Aquiles Álvarez.
Tras la audiencia, el juez Joaquín Viteri tendrá la facultad de desestimar la denuncia o dictar sentencia. La sanción podría ir desde una multa económica hasta la destitución del cargo de alcalde y la pérdida de derechos políticos
